Dictamen de DDHQ concluye que Elsa Méndez discriminó a comunidad LGBTI+
La diputada tiene quince días naturales para presentar un proyecto de Acuerdo de Responsabilidad
Foto: Archivo
La Defensoría de los Derechos Humanos del Estado de Querétaro (DDHQ) concluyó que el discurso de la diputada local, Elsa Méndez, contiene mensajes discriminatorios para los integrantes de la comunidad LGBTI+, ésto tras las denuncias interpuestas por la activista Maricruz Ocampo, Luis Felipe Zamudio, del Centro de Orientación e Información del VIH-SIDA (COIVIHS) y Alicia Colchado.
De acuerdo con el documento emitido por la DDHEQ, “el discurso de Elsa Méndez contiene mensajes discriminatorios para los integrantes de la comunidad LBGTI, violenta el derecho a la igualdad y el trato digno de dicho colectivo y, por lo tanto, pone de manifiesto que el actuar de la servidora pública no se encuentra en sintonía con el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
En ese sentido, se le solicitó que, en su carácter de diputada, exhiba en un plazo no mayor a quince días naturales contados a partir de la recepción del documento, con fecha del 27 de junio de este año, un proyecto de Acuerdo de Responsabilidad.
Además, se le invitó a que se sume a la construcción de un país incluyente, en donde todas las autoridades, de todos los ámbitos, pugnen por el respeto, protección y promoción progresiva de los derechos humanos de todas las personas sin distinción alguna.
El artículo 91 de la Ley de los Derechos Humanos del Estado de Querétaro establece que el Acuerdo de Responsabilidad deberá contener las medidas de sanción y prevención tomadas al interior de la institución contra los servidores públicos implicados en el hecho violatorio de derechos humanos, así como las estrategias institucionales específicas aplicables para la prevención de actos similares, detallando la medida, objetivo y cronograma de aplicación, incluyendo una fecha de evaluación.
Una vez presentado el proyecto de Acuerdo de Responsabilidad, éste deberá ser evaluado por el visitador general, quien tendrá un plazo de quince días para aceptarlo o rechazarlo, analizando si la declaratoria de responsabilidad de hechos se ajusta a las investigaciones realizadas, así como la pertinencia de las medidas tomadas y las políticas propuestas.
De ser aceptado, la Defensoría vigilará el cumplimiento del acuerdo y realizará una evaluación, según el plazo definido en el cronograma incluido en el mismo. De considerarse que el acuerdo ha sido incumplido a la fecha de evaluación, la autoridad podrá solicitar una prórroga de hasta sesenta días, por una única vez.
De ser rechazado, la Defensoría deberá comunicar a la autoridad las razones de dicho rechazo, de manera que la autoridad pueda incorporar las observaciones en una segunda propuesta. En este caso, la autoridad contará con diez días posteriores a la notificación del rechazo para presentar la segunda propuesta. El rechazo de la segunda propuesta agotará la vía del acuerdo de responsabilidad, continuándose el expediente como se considere pertinente.
