La justicia en espera

En septiembre de 2017, después de una amplia consulta pública, se reformó la Constitución para sentar las bases que permitieran dotar al país de un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. El objetivo era claro: terminar con la dispersión de normas procesales y avanzar hacia una justicia más uniforme, ágil y accesible para todas y todos los mexicanos.

Casi seis años después, en junio de 2023, se publicó el Código Nacional, aprobado por unanimidad en el Congreso de la Unión. Se estableció como fecha límite para su entrada en vigor en todo el país el 1 de abril de 2027. No fue una concesión ni una ocurrencia: fue un mandato legislativo que debía cumplirse. Tanto fue así que la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, tuvo que promover un amparo y ganarlo para obligar a senadores y diputados a cumplir con la instrucción del Constituyente Permanente.

Sin embargo, cuando faltaban apenas seis meses para que venciera el plazo previsto, el pasado martes 20 de octubre, la mayoría legislativa de Morena aprobó en la Cámara de Diputados aplazar la aplicación del Código hasta el 1 de julio de 2031. Con esa determinación, no solo modificó un calendario: pospuso una reforma de fondo y prolongó la espera de millones de personas que necesitan una justicia civil y familiar más eficiente.

Las consecuencias son graves. La justicia civil y familiar no es un asunto abstracto ni un debate reservado a especialistas. Se ocupa de conflictos que afectan directamente la vida cotidiana: las relaciones familiares, las obligaciones, el patrimonio y los derechos de las personas. Detrás de cada expediente hay ciudadanos que esperan una respuesta de los tribunales. Para ellos, cuatro años más no son una cifra en el calendario: son años de incertidumbre, desgaste y, en muchos casos, de conflictos sin resolver.

Con esta decisión, la homologación nacional de los procedimientos civiles y familiares tendrá que esperar hasta 2031. En lugar de concretar una reforma anunciada desde 2017 y publicada en 2023, el país llegará a una espera de catorce años para avanzar hacia reglas procesales comunes en todo el territorio nacional. Lo que debió ser un proceso de implementación se ha convertido en una nueva postergación.

El aplazamiento también golpea a las universidades y a quienes se preparan para ejercer el derecho. Miles de estudiantes que han orientado su formación al nuevo Código tendrán que ajustar sus estudios y volver a familiarizarse con el Código Federal de Procedimientos Civiles y con más de 45 ordenamientos procesales locales. En vez de avanzar hacia un sistema nacional, tendrán que seguir enfrentándose a un mosaico de reglas que la reforma pretendía superar.

La pregunta es inevitable: si el Código fue aprobado por unanimidad, publicado en 2023 y acompañado de un plazo de implementación conocido, ¿por qué se pospone ahora su entrada en vigor hasta 2031? ¿Qué justifica prolongar cuatro años más la fragmentación de los procedimientos civiles y familiares?

Una reforma de este tamaño exige planeación, preparación, capacitación y recursos. Pero esas necesidades deben atenderse con responsabilidad, sin convertir el aplazamiento en la respuesta automática a los desafíos de su implementación. Cambiar la fecha no resuelve los problemas: únicamente retrasa el momento de enfrentarlos.

La justicia no puede seguir esperando mientras las instituciones posponen sus obligaciones. Cada año de demora mantiene las diferencias entre los sistemas procesales locales y aplaza la posibilidad de que las personas accedan a procedimientos más uniformes en todo el país.

De 2017 a 2027: diez años para construir un marco procesal nacional y, aun así, la promesa vuelve a posponerse. La decisión de Morena deja una pregunta de fondo: ¿cuánto tiempo más tendrá que esperar el país para que las reformas aprobadas se traduzcan en una justicia efectiva?

Con la participación de Miguel Sulub Caamal