Descartan diputados que hayan existido irregularidades o favoritismos en proyecto de parque industrial ATeQ

Legisladores del estado de Querétaro descartaron que el proceso legislativo referente a la aprobación del fideicomiso para la construcción de un parque industrial en el AIQ presente irregularidades y que haya habido favoritismo en dicho acuerdo.

Dicho fideicomiso ha sido relacionado con supuestas actividades ilícitas en las que se ha involucrado al empresario queretano Manuel Barreiro. Apenas este martes 27 de febrero, Marco Antonio del Prete Tercero, secretario de Desarrollo Sustentable, rechazó haber celebrado un convenio con la empresa Advance Real Estate 2 para la creación de este fideicomiso que permitiría la operación e instalación del Parque Industrial Advance Technology Querétaro (ATeQ), el cual, incluso, fue anunciado por el gobernador Francisco Domínguez Servién.

Cuestionado sobre el mismo, Mauricio Ortiz Proal, diputado local del PRI, puntualizó que como diputados únicamente conocieron del proyecto que tenía como fin generar empleos durante el desarrollo de esta industria; este acuerdo, aclaró, no hacía referencia a ninguna persona en particular pues, argumentó, únicamente se les hizo de su conocimiento el impacto social y económico que tendría el mismo.

“Esta solicitud nos la hizo llegar el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio del Prete; él se reunió con nosotros y nos pidieron aprobar este instrumento en el entendido de que con él se iba a poder generar una inversión extranjera importante y cuantiosa en las inmediaciones del Aeropuerto Intercontinental de Querétaro (AIQ). Nosotros jamás conocimos qué personas físicas podrían estar detrás de las inversiones, un instrumento jurídico similar se había aprobado con antelación”, expresó.

La diputada presidenta de la comisión de Hacienda, donde fue primero aprobado este acuerdo, Norma Mejía Lira, recordó que su función como legisladores fue únicamente verificar que se cumpliera con distintos lineamientos para autorizar este fideicomiso para el desarrollo de un parque industrial, sin conocer, aclaró, de personas físicas.

Esto, reconoció, fue aprobado por los legisladores pese a los señalamientos realizados sobre la premura en la aprobación del acuerdo que derivó en la imposibilidad de realizar un análisis a detalle del mismo.

“La cuestión de gobierno, las autoridades correspondientes son las obligadas, en su caso, de confirmar, verificar, que lo que se vaya a firmar esté libre de vicios o cuestiones que en un momento dado puedan implicar cierta responsabilidad al patrimonio que está a su cargo. Nos vimos en una implicación de tener que dar el mayor esfuerzo para impulsar estos temas, definitivamente en muchas ocasiones se llevan a cabo temas con premura que implica un estudio”, subrayó.

Sobre el mismo, la legisladora de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Herlinda Vázquez Munguía, refirió que el pasado 15 de junio de 2017, en la sesión de pleno donde se aprobó este dictamen por mayoría, la fracción que encabeza votó en contra debido a la premura con la que fue presentado el dictamen.

En tanto, María Alemán Muñoz Castillo, diputada del Partido Nueva Alianza (Panal), afirmó que el Poder Legislativo actuó conforme lo que marca la Ley, por lo que descartó que existan vicios de irregularidad en la discusión legal. Al respecto, dijo, no ha habido ninguna petición del gobierno estatal o diálogo con el mismo para modificar el acuerdo aprobado en junio del año pasado.

“Nosotros como Poder legislativo actuamos conforme la Ley, absolutamente todo lo que se autorizó, independientemente del nombre como persona física que se le pudiera atribuir, fue conforme a la norma, la Ley, y hoy es desafortunado que haya sido coincidente con una persona que ha sido señalada por algunos delitos, pero al final pudo haber sido para otra persona. Finalmente, nosotros actuamos en el marco legal”, concluyó.