César Tarello, abogado de comerciantes de la Alameda Hidalgo, anuncia que deben ser reinstalados en 3 días

La autoridad municipal de Querétaro cuenta con tres días para reinstalar a los comerciantes en el andador de La Alameda Hidalgo, tras la resolución de los amparos interpuestos por la organización Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto (UCFCP) ante el Tribunal Colegiado en Materias Administrativas y del Trabajo, luego de que fueran desalojados de su espacio de trabajo hace aproximadamente un año.

En rueda de prensa, César Tarello Leal, asesor de la UCFCP, informó que de hacer caso omiso a esta sentencia, en la que además se establece protección judicial federal, procederá la inmediata destitución y enjuiciamiento de los funcionarios públicos responsables, de acuerdo con el artículo 107 constitucional y 192 de la ley de amparo.

Tarello Leal explicó que, en caso de no existir condiciones, la autoridad municipal, encabezada por Marcos Aguilar Vega, podría solicitar modificar la forma de cumplimiento a través del “cumplimiento sustituto”, siempre y cuando, sentenció, justifique que es imposible reubicar a los comerciantes, nuevamente, en el andador de la Alameda, lo cual, mencionó, no es factible pues existe el espacio suficiente para la colocación de los carritos comerciales.

“Para que proceda esto, tendrían que acreditar que es imposible materialmente hacerlo, y aquí es donde tienen un problema, no es imposible hacerlo porque el espacio de la Alameda es perfectamente amplio para que quepan 69 carritos. Si no lo hacen están apercibidos de multa y posteriormente se iniciaría, de modo inmediato, un incidente de incumplimiento; vemos muy poco factible que pueda proceder un cumplimiento sustituto porque, insisto, tendrían que demostrar que es imposible, tal vez si esto hubiera ocurrido en diciembre, donde había un cárcamo abierto, evidentemente no podían poner los carritos, pero hoy por hoy hay un andador espacioso”, indicó.

El abogado señaló que aún tendrán que devolver carros comerciales a comerciantes, como parte de esta sentencia; además, indicó que se está analizando la posibilidad de proceder legalmente en contra de las autoridades municipales por daños y perjuicios, este último entendiéndose como las pérdidas económicas por no laborar desde hace cerca de un año.