Municipios son los que deben verificar licencias de “Anexos”: Pancho Domínguez
El gobernador del estado de Querétaro, destacó que ha tenido conocimiento de quejas de dos anexos
Foto: Archivo
Los municipios son los que deben actuar en la verificación de licencias de los centros de internamiento, también conocidos como anexos, para evitar la operación de establecimientos de este tipo donde no se garantice el respeto de los derechos humanos de las personas y su seguridad, señaló Francisco Domínguez Servién, gobernador del estado de Querétaro.
En entrevista, el mandatario estatal destacó que ha tenido conocimiento de quejas de dos anexos, uno ubicado en el municipio de Corregidora y el otro en la capital, los cuales, insistió, deberán ser revisados por las autoridades municipales; el gobernador sentenció que en la entidad no debe haber anexos que, por una retribución económica, operen sin la capacidad necesaria para la rehabilitación de personas que tienen alguna adicción.
“He tenido dos casos, uno del municipio de Corregidora y ahora el de la capital, ahí son los municipios los que deben ir a actuar, verificar licencias, todo lo que debe tener un anexo en cuanto a protección civil y ya lo dijo mi titular de adicciones, desde su punto de vista no debe estar abierto, sino cerrado y se debe actuar, no debe haber anexos que por ganar economía y no tengan la capacidad para recuperar a muchas personas que tienen un tipo de adicción que es lamentable, pero si no están preparados no hay que dejarlos trabajar“, expresó.
Hace días, Guillermo Tamborrel Suárez, comisionado de la Comisión Estatal Contra las Adicciones (CECA), dio a conocer que de las mil 800 personas que actualmente están internadas en centros de tratamiento en el estado de Querétaro, al menos 600 no requieren estar ahí puesto que no consumen ningún tipo de droga o presentan trastornos como esquizofrenia o bipolaridad.
Además, añadió que solo cinco de los 90 centros de tratamiento que hay en el estado cuentan con reconocimiento de la Comisión Nacional Contra las Adicciones, 35 trabajan en condiciones “Aceptables”, mientras que 50 aproximadamente deberían estar cerrados. A esto se suma que no existe un marco jurídico adecuado para su vigilancia.
Al respecto, Domínguez Servién descartó que la falta de reconocimiento de los anexos sea algo que afecte a la entidad, aunque consideró que “no está bien” que continúen operando sin certificación alguna.
