Diputado local busca legislar contra discriminación para personas de talla pequeña
El legislador Mauricio Ortiz Proal señaló que aunque no es un sector propiamente discapacitado, no hay suficiente infraestructura para las personas de talla pequeña
Con el fin de prevenir la discriminación de las personas de talla pequeña, Mauricio Ortiz Proal, diputado local, ingresó esta mañana una iniciativa para modificar el artículo dos de la ley para prevenir y eliminar toda forma de discriminación del estado de Querétaro, donde se incluirá el concepto de talla pequeña.
En entrevista, el legislador explicó que la intención es que se considere al sector de talla pequeña en esta ley para evitar su discriminación, pues no son consideradas como personas con discapacidad, pero tampoco se cuenta con la infraestructura adecuada para su desarrollo personal y social.
“Que como concepto que genera discriminación, se incluya la talla pequeña, porque las personas de talla pequeña no son, estrictamente hablando, como personas con discapacidad; sin embargo, platicando con Laura Casados nos manifiesta su preocupación de que no existan políticas públicas claras por parte del estado para apoyar la infraestructura que requieren para poder convivir de forma equitativa e igualitaria en el resto de la sociedad”, expresó.
De acuerdo con Ortiz Proal, de aprobarse esta iniciativa, se solicitará a los gobiernos estatal y municipales construir una agenda pública para generar programas y acciones que atiendan las necesidades de este sector, quienes, además, podrán celebrar el día estatal de las personas de talla pequeña el 25 de octubre.
En próximos días, una vez que inicie la discusión de ésta, en la sede del congreso de Querétaro se realizará un foro con fisioterapeutas, médicos y psicólogos, entre otros, para invitar a los líderes y organizaciones sociales tomar consciencia de las problemáticas que enfrentan estas personas.
Posterior a esta presentación, el diputado Carlos Manuel Vega de la Isla presentó la iniciativa para garantizar la participación de las personas con discapacidad en los tres poderes del estado, así como en el sector privado, siendo al menos un cuatro por ciento del total de la plantilla laboral de este sector.
