EE.UU. acusa al gobernador de Sinaloa y a otros nueve funcionarios por narcotráfico y armas

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios —actuales y exservidores públicos— por su presunta participación en una red de narcotráfico vinculada al Cártel de Sinaloa.

La imputación fue revelada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y señala que los acusados habrían colaborado directamente con líderes del crimen organizado para introducir grandes cantidades de droga a territorio estadounidense, a cambio de sobornos y apoyo político.

¿Quiénes son los acusados?

De acuerdo con el documento oficial, los señalados son:

Rubén Rocha Moya – Gobernador de Sinaloa
Enrique Inzunza Cázarez – Senador y exsecretario General
Enrique Díaz Vega – Exsecretario de Administración y Finanzas
Dámaso Castro Zaavedra – Exvicefiscal General de Sinaloa
Marco Antonio Almanza Avilés – Exmando de la Policía de Investigación
Alberto Jorge Contreras Núñez (“Cholo”) – Exmando de la Policía de Investigación
Gerardo Mérida Sánchez – Exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa
José Antonio Dionisio Hipólito (“Tornado”) – Exsubdirector de la Policía del Estado de Sinaloa
Juan de Dios Gámez Mendívil – Alcalde de Culiacán
Juan Valenzuela Millán (“Juanito”) – Excomandante de la policía municipal de Culiacán

Todos son descritos como altos mandos políticos o de seguridad en Sinaloa.

Delitos que se les imputan

La acusación federal incluye principalmente:

Conspiración para traficar drogas (fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina) hacia Estados Unidos
Conspiración para importar narcóticos en grandes cantidades
Delitos relacionados con armas de fuego (incluyendo armas de uso militar)
Asociación delictuosa con el Cártel de Sinaloa

Además, en el caso de Juan Valenzuela Millán, se agregan cargos por:

Secuestro y asesinato de una fuente de la DEA y un familiar

Las autoridades estadounidenses sostienen que los funcionarios facilitaron operaciones del cartel, brindaron protección institucional e incluso filtraron información para evitar operativos.

¿Qué papel habrían jugado?

Según la acusación, los implicados:

Permitieron al Cártel de Sinaloa operar con impunidad en el estado
Recibieron sobornos millonarios
Brindaron protección política y policial
Ayudaron a consolidar una red para el tráfico masivo de drogas hacia EE.UU.

El documento también menciona vínculos con la facción de “Los Chapitos”, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Posibles penas

Las sanciones que podrían enfrentar, en caso de ser declarados culpables en Estados Unidos, incluyen:

Mínimo de 40 años de prisión para varios de los cargos
Cadena perpetua en los delitos más graves
Penas adicionales por uso de armas y conspiración criminal

En el caso específico del gobernador Rocha Moya, reportes señalan que podría enfrentar al menos 40 años de cárcel si es extraditado y condenado.

Contexto y alcance del caso

La acusación forma parte de una estrategia del gobierno estadounidense para atacar no solo a los cárteles, sino también a sus presuntas redes de protección política.

Autoridades estadounidenses han señalado que el tráfico de drogas hacia su territorio se sostiene gracias a la corrupción de funcionarios públicos, lo que permite a estas organizaciones operar a gran escala.

Hasta el momento:

Ninguno de los acusados está bajo custodia
El proceso dependerá de posibles órdenes de captura y solicitudes de extradición
El gobierno mexicano no ha presentado una postura definitiva
Implicaciones

El caso representa uno de los golpes más delicados en la relación bilateral reciente entre México y Estados Unidos, al involucrar a figuras de alto nivel en funciones.

También vuelve a poner sobre la mesa un tema incómodo pero persistente: la presunta infiltración del crimen organizado en estructuras de gobierno.