“Detención de exsecretario muestra corrupción que imperaba en la Junta de Conciliación y Arbitraje”: SUPAUAQ

Tras la detención del secretario general de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del estado, la Secretaría de la Contraloría del estado de Querétaro deberá realizar una investigación exhaustiva del actuar no sólo de esta dependencia, sino de la Secretaría del Trabajo, sobre todo en los asuntos en los que intervino esta persona, exigió el Sindicato Único de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Querétaro (SUPAUAQ), representado por Nuri Villaseñor Cuspinera.

En rueda de prensa, Villaseñor Cuspinera solicitó que la Fiscalía Especial Anticorrupción inhabilite a este funcionario del ejercicio público y que, además, se le destituya de su cargo actual. Además, acusó que esta investigación visibiliza los hechos de corrupción que se presentan en la Junta local de Conciliación y Arbitraje del estado de Querétaro.

Incluso, señaló que en caso de que la Fiscalía solicite la intervención del sindicato que representa en la investigación, colaborará en todo momento.

“Pedimos la destitución del funcionario y la inhabilitación del mismo porque de algún modo suponemos, y sí ha de haber algo de corrupción, en tanto que se amenazó a la maestra Rosalba. Aclaro, no fue el licenciado Tovar quien amenazó a Rosalba, fue el secretario Aguilera. Si la fiscalía nos pide que declaráramos en algún sentido sí, por supuesto que lo haríamos, es cooperar y por supuesto sí lo haríamos”, dijo.

Villaseñor Cuspinera agregó que el funcionario estatal detenido no intervino en los problemas jurídicos de este sindicato y el que encabeza Saúl García, ambos SUPAUAQ, aunque éste último reconocido por la autoridad al contar con la toma de nota, y el primero reconocido por el consejo universitario de la UAQ.

Asimismo, aprovechó para recordar que hace 15 días, el Tribunal Colegiado en materias administrativa y de trabajo del 22º Circuito aprobó, por unanimidad, conceder la toma de nota al comité que encabeza Nuri Villaseñor, al recordar que su grupo de profesores fue el avalado para representar los intereses de los maestros de la universidad.

“Para nosotros él, en algún momento, fue quien negó la toma de nota, que negó el acceso al expediente, y todo esto hace que los procedimientos que tendrían que estar apegados a la ley, y justos, se han hecho a través de decisiones oscuras e irregulares. La acción de la fiscalía no sorprende, en octubre de 2016 se entregó una toma de nota ilegal y en pleno conflicto Aguilera amenazó a Rosalba Flores”, indicó.

La académica reiteró que este caso demuestra que en la junta local de conciliación y arbitraje “sí existía corrupción”.