Elimina legislatura local artículo que imponía sanciones a ciudadanos por insultar a autoridades

Con dos reservas a favor, los diputados de la LVIII Legislatura local del estado de Querétaro aprobaron una reforma al Código Penal del estado de Querétaro a fin de agrupar varios artículo en el título segundo denominado “Delitos en materia del combate a la corrupción cometidos por los servidores públicos”.

Entre las reservas presentadas se aprobó la eliminación del artículo 292 de dicho dictamen referente a las sanciones a las que se puede hacer acreedora aquella persona que insulte o injurie a una autoridad pública. Esta reserva, presentada por el diputado independiente Carlos Lázaro Sánchez Tapia, fue aprobada por 22 diputados.

Cabe recordar que en sesión de la comisión de Administración y Procuración de Justicia esta reserva ya había sido presentada; sin embargo, fue rechazada por los integrantes de la misma. En esta ocasión, en sesión de pleno se logró el consenso de los diputados a fin de evitar un hecho de inconstitucionalidad por violar la libertad de expresión, además de que este artículo no es claro sobre qué palabras insultan o injurian.

La segunda reserva consistió en la eliminación de la derogación del párrafo tercero del artículo 246-H para mantenerlo como se establece en el actual Código Penal referente a un aumento de la pena prevista por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita cuando se trate de un servidor o ex servidor público.

Estas reformas se realizan en el marco de la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción, para dejar claridad sobre los delitos que derivan de un acto de corrupción.

Además, se aprobaron diversas reformas a la ley orgánica de la Fiscalía General del estado de Querétaro, con la finalidad de precisar las facultades y posiciones de las dependencias y funcionarios que la integran en la implementación de mecanismos de solución de controversias.

Durante esta sesión ordinaria, se tomó protesta a los titulares de los órganos internos de control de la Fiscalía General del estado, Laura Olivia Lara Núñez; del Tribunal de Justicia Administrativa, Adolfo Franco Guevara; y de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información (Infoqro), Raúl Martínez González.

Sobre este punto, Carlos Lázaro Sánchez Tapia, diputado independiente, cuestionó el motivo por el nombramiento de estas personas sin haberse realizado una convocatoria pública abierta en la que se pudiera analizar el currículo y trayectoria de los interesados en ocupar este cargo; además, dijo no tener conocimiento del porqué de los nombramientos.

“¿Se despidieron por falta administrativa? ¿Renunciaron? Debimos poner reglas del juego para poder elegir a los contralores y no sólo porque alguien los recomendó”, dijo. Por ello, solicitó se aprobara una moción suspensiva para discutir el tema en otra ocasión, la cual fue rechazada por el pleno del Congreso local.

Al respecto, Antonio Zapata Guerrero, diputado panista, aseguró que se trata de puestos de nueva creación en el caso del Tribunal de Justicia Administrativa e Infoqro, mientras que en lo concerniente a la Fiscalía del estado el contralor presentó su renuncia.