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Corrupción, el “cáncer” de la vida pública mexicana

Por Karen Munguía - 24/07/2017

Querétaro no es el único estado de la esfera nacional que destaca por las detenciones o vinculaciones a proceso de exfuncionarios, estatales o municipales, pues a esta lista se suman bastantes personas de norte a sur del país

 Corrupción, el “cáncer” de la vida pública mexicana

Foto: Especial

Este 24 de julio, quien fuera coordinador de Comunicación Social en el gobierno del estado de Querétaro en el sexenio de José Calzada Rovirosa, fue detenido por su probable responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito. El ex funcionario fue vinculado a proceso y tras el pago de 250 mil pesos por concepto de garantía económica obtuvo la libertad provisional, de acuerdo con información del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Este caso, se suma a la detención el año pasado de Gabriel Gómez Martínez, ex director de la policía de investigación del delito de Querétaro, quien fue detenido por falsificar documentos para obtener su jubilación.

Pese a ello, Querétaro no es el único estado de la esfera nacional que destaca por las detenciones o vinculaciones a proceso de exfuncionarios, estatales o municipales, pues a esta lista se suman bastantes personas de norte a sur del país. En Códice Informativo te presentamos algunos casos.

Javier Duarte de Ochoa es el caso que, actualmente, ha puesto los ojos del mundo sobre México: detenido en Guatemala y posteriormente extraditado a México, fue vinculado a proceso este fin de semana por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

Entre las investigaciones de más exfuncionarios de esta entidad, la excoordinadora de comunicación social del gobierno estatal, Georgina Domínguez Colío, fue detenida este año por los delitos de abuso de autoridad y coalición en contra del servicio público. Además, Flavino Ríos, exgobernador interino de Veracruz, fue detenido también en 2017 por los delitos de encubrimiento, tráfico de influencias y abuso de autoridad.

En junio de este año, Germán Tenorio Vasconcelos, exsecretario de salud de Oaxaca en la administración de Gabino Cué, fue detenido por el delito de abuso de autoridad.

Con la denominada “Operación Justicia para Chihuahua”, por el desvío de miles de millones de pesos, se giró una orden de aprehensión en contra del exgobernador, César Horacio Duarte Jáquez, por el delito de peculado; pese a ello, el exmandatario no ha sido detenido debido a que tramitó un permiso especial en Estados Unidos. El gobierno estatal actual ya inició el proceso de detención con fines de extradición.

A esta operación se suman las detenciones de Karla, exdirectora de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte; Sergio, exdirector de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda; y Jesús Manuel Esparza, ex auditor Superior de la Federación del estado. Todos por el delito de peculado.

En Puebla, exfuncionarios de la administración del denominado “Gober precioso”, Mario Marín Torres, Francisco Castillo Montemayor, exsecretario de medio ambiente fue detenido en 2016 por el delito de peculado; mientras que José Alfredo Arango García, extitular de la Secretaría de Salud del estado, fue detenido por enriquecimiento ilícito y puesto en libertad tras pagar una fianza de 1.5 millones de dólares, además de que el Congreso del estado le impuso una multa de 20 mil millones de pesos y la inhabilitación por 12 años para ejercer un cargo público.

Cuando de corrupción se trata, no hay niveles, y además de estas personas, entre otras, se han girado ordenes de aprehensión en contra de ex gobernadores del país; varios de ellos se mantuvieron prófugos de la justicia mexicana y fueron detenidos en otros países. Como ocurrió con Tomás Yarrington, quien después de cinco años prófugo fue detenido en Italia, acusado de nexos con el narcotráfico al aceptar sobornos de la delincuencia organizada y delitos contra la salud en México, y por los delitos de importación y distribución de drogas, lavado de dinero, defraudación bancaria y estructuración de operación en Estados Unidos.

Jesús Reyna, ex gobernador interino de Michoacán, detenido en 2014 por el delito de delincuencia organizada; Rodrigo Medina, exgobernador de Nuevo León, acusado de peculado; Eugenio Hernández, exgobernador de Tamaulipas, buscado por la DEA desde 2015 por lavado de dinero y defraudación bancaria.

Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo, se suma a esta lista de detenidos por los delitos de enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada y lavado de dinero; al igual que Tomás Yarrington y Javier Duarte, Borge fue asegurado en otro país, en este caso Panamá.

Mario Villanueva, acusado de permitir la operación del narcotraficante denominado “El Señor de los Cielos” en Quintana Roo, fue detenido en 2001 por vínculos con el narcotráfico. De 2013 a 2016 cumplió una condena en Estados Unidos por lavado de dinero; en 2017 regresa a México y es investigado por realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita.

A estos casos se añaden dos exgobernadores más y sus hijos, también involucrados en varios hechos ilícitos: Guillermo Padrés, exgobernador de Sonora, detenido en 2016 por realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal equiparada y delincuencia organizada, mientras que su hijo, Guillermo Padrés Dagnino, fue detenido por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En tanto, Andrés Granier, exgobernador de Tabasco, fue detenido en 2016 por defraudación fiscal, enriquecimiento ilícito y desvío de recursos públicos, y su hijo, Fabián Granier Calles, a quien se le dictó auto de formal prisión por el delito de defraudación fiscal equiparada, obtuvo a los cinco días la libertad bajo fianza.

Aunque aún hace falta el nombramiento, entre otros, del fiscal especializado en el combate a la corrupción de México, hace días entró en vigor el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), impulsado por todas las fuerzas políticas, para combatir este “cáncer” de la vida pública mexicana.


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