Así funciona el ‘torito’ en Querétaro

Por Paulina Rosales y Alejandro Nieto.

Amas de casa, abogados, médicos, estudiantes e inclusive un policía y un regidor, han sido algunas de los perfiles que han pasado por los juzgados cívicos de Epigmenio González que, de acuerdo con datos emitidos por la Secretaria de Seguridad Pública Municipal (SSPM), hasta la primera semana de mayo había sumado más de 350 detenidos

El programa ‘Tomate la vida en serio’, conocido como popularmente como ‘torito’, y cuyo nombre se deriva del lugar en el que fueron asentados los juzgados cívicos de la Ciudad de México donde, anteriormente, en la década de 1950 se ubicó el rastro de Tacuba, se implementó el 13 febrero de 2016 en la capital queretana con la intención de disminuir las muertes por accidentes provocados por conducir en estado de ebriedad.

Con este motivo, las autoridades municipales ubican, en puntos estratégicos y de manera aleatoria, las pruebas de alcoholemia en las diferentes vialidades de la capital. El operativo en donde participan alrededor de 45 y 50 personas –entre ellos, oficiales de apoyo, técnicos operadores en alcoholimetría y médicos– consiste en reducir las avenidas a un solo carril por medio de conos. Al desfilar los autos por este camino, los conductores son sometidos a un primer filtro, donde un oficial hace una prueba cualitativa en la que solicita medir el aliento con un aparato que únicamente marca ‘positivo’ o ‘negativo’ en aliento alcohólico.

Si se superan los .20 mililitros de alcohol en la sangre la prueba da positivo, entonces los conductores pasan a una bahía donde tienen que estacionar su auto y someterse a las pruebas cuantitativas de alcoholemia. Al sobrepasar los límites establecidos, transcurre un tiempo de espera de 10 minutos para una segunda prueba confirmatoria, en caso de que así ocurra se aplica sanción, todo ante la mirada de jueces cívicos, policías y un abogado de oficio en caso de que el conductor lo solicite. Si no se superan los límites en la primera prueba ni en la confirmatoria, el conductor es puesto en libertad.

Una vez detenidas aquellas personas que hayan superado los límites de alcohol en la sangre permitidos, se les conduce hasta las instalaciones de Epigmenio González, en donde los automóviles desfilan por una estrecha entrada hasta que el conductor es ingresado ante el juez cívico para tomar la declaratoria.  Además, de realizar las pruebas médicas correspondientes, a los remitidos en el ‘torito’ se les retiran sus pertenencias, entre estas, los teléfonos celulares y objetos que podrían resultar punzocortantes. Estos son colocados en casilleros y regresados una vez que se ha concluido la sentencia, a excepción de los objetos que pueden ser peligrosos, los cuales son retenidos y destruidos previa autorización de auditoria. 

Las instalaciones  y los servicios

Ocho celdas blancas con capacidad de albergar entre 3 y 10 personas, dependiendo su tamaño, conforman los juzgados cívicos de Epigmenio Gonzáles. Las instalaciones también cuentan con un cuarto destinado para menores de edad, un área de revisión médica –para descartar posibles patologías o enfermedades crónicas–, una sala común y una biblioteca con 28 títulos.

Estas áreas y solo dos celdas con capacidad de albergar hasta 10 personas son monitoreadas de manera constante a través de cámaras de video vigilancia, a través de las cuales se da seguimiento a los detenidos cuyo nivel de alcoholismo puede representar un riesgo para sí mismos, explicó Daniel López Landeros, jefe de departamento de Juzgados Cívicos municipales.

López Landeros precisó que al corte del 9 de mayo de 2016, 375 personas habían sido sancionadas por no superar las pruebas, de las cuales el 89 por ciento han sido hombres y solo el 11 por ciento mujeres.

«La designación de celdas se hace conforme a su edad, su género, su profesión, su colonia (…) no es un aspecto discriminatorio, es un aspecto preventivo porque hemos tenido experiencias de ingresar a personas de la misma colonia que ya tenían alguna rencilla y al interior se convierte en una trifulca», indicó. 

La actividad laboral que mayor número de remisiones ha registrado, según la información de los Juzgados Cívicos, son los empleados, seguido de los estudiantes, los comerciantes y los ingenieros. Sin embargo, en las celdas del torito también se han encontrado amas de casas, agentes de ventas, empleados estatales y federales, e inclusive un regidor, un policía y un militar.

Las sanciones impuestas a quienes conducen bajo los influjos del alcohol van desde los 4 mil 382 a los 8 mil 764 pesos y de 8 hasta 36 horas de arresto, según los grados de alcohol consumido. Por esta razón, los juzgados han sido habilitados con un área de biblioteca y un área común,  pues  a pesar de que cumplen con una sanción y están privadas de su libertad, a las personas remitidas en los juzgados se les permite que realicen diferentes actividades y que reciban visitas de familiares por lapsos de diez minutos.

«Las personas están privadas de su libertad, pero hay derechos que se les respetan y pueden estar deambulando (….) se les permite también, si quieren, jugar dominó o un juego de mesa, lo pueden hacer libremente», declaró López Landeros.

En tanto, el área de biblioteca está instalada en un anaquel de fierro y hasta el momento solo cuenta con 28 libros, entre ellos Álgebra de Baldor, Introducción a la Química Orgánica, Etimología grecolatina del español y textos de enseñanza de inglés y francés. Sobre el reducido número de títulos disponibles, Landeros indicó que ya se han solicitado donaciones y hasta ahora la Oficina del Cronista de la ciudad se ha mostrado interesado en proporcionar material para incrementar el acervo del ‘torito’. 

«La intención es que por ahí nos apoyen con algún material, hemos hecho nosotros el esfuerzo de traer algunos libros, hemos ido tratando de que esto realmente no sea incómodo, ni engorroso para las personas que están aquí. Entendamos que su detención se derivó de una fiesta, de un convivio, y lo último que queremos es que eso les marqué la vida (…) que les afecte en su persona», dijo.

Las tres comidas correspondientes durante el día son entregadas sin falta a los remitidos. De acuerdo con López Landeros, las dotaciones son variadas, pueden ser huevo o carne con chile, frijoles o ensalada y una bebida; además de que los familiares del detenido pueden llevarle alimentos. Otro de los protocolos del ‘torito’ es la asistencia a pláticas impartidas por tres grupos de Alcohólicos Anónimos, entre ellos la ONG ‘Convivencia sin Violencia’, así como un grupo asentado en El Campanario. Las charlas son preventivas y tienen la intención de informar acera de los riesgos del alcoholismo y del exceso en su consumo.

A este respecto, Landeros puntualizó que los encargados de dar las pláticas integracionales con material didáctico y dinámico deben presentar certificaciones como la constancia de asociación civil de la organización, además de pruebas de haber participado en coloquios, simposios o conferencias especializadas relacionadas con la adicción al alcohol. «La persona debe tener la pedagogía para poder impartir el conocimiento que tienen», indicó.

¿Es posible librarse del torito?

Desde aplicaciones móviles creadas para evadir los retenes de las autoridades municipales, hasta la presentación de amparos han sido utilizados por algunos ciudadanos como recurso para evitar las elevadas multas y la estancia de 8 a 36 horas en los juzgados cívicos.

En este sentido, López Landeros informó que hasta el momento han sido presentados cinco amparos con solicitud de puesta en libertad inmediata, sin embargo estos no han tenido el efecto jurídico esperado, pues, a pesar de haber sido concedidos por un juez, los remitidos han tenido que regresar a los juzgados para cumplir con las horas de arresto impuestas.

De acuerdo con Landeros, de los cinco amparos promovidos -en donde se han tenido que reponer las horas de arresto- sólo en un caso el juez ordenó la libertad inmediata al inculpado, pero condicionándolo a pagar la multa correspondiente. En un segundo caso, el amparo fue promovido debido a una supuesta incomunicación, la cual no fue probada y por esto, este mecanismo jurídico fue desechado.

A la fecha, casi 5 mil pruebas de alcoholemia han sido aplicadas en la capital queretana, de las cuales, según López Landeros sólo el 10 por ciento han resultado positivas. En las celdas del torito, se han encontrado personas provenientes de municipios aledaños como Corregidora, El Marqués y Tequisquiapan, y otros estados como Puebla, Ciudad de México, Aguascalientes, León y el Estado de México.