Elementos clave del proceso contra Dilma Rousseff

En diciembre del año pasado, Eduardo Cunha, quien se desempeñaba como presidente del parlamento en Brasil, aceptó una petición para iniciar un proceso de destitución en contra de la presidenta de ese país, Dilma Rousseff.

Los argumentos esgrimidos por quienes pedían este proceso de destitución, señalaban que bajo la administración de Rousseff se produjeron manejos fiscales y financieros ilícitos relacionados con casos de corrupción.

Estos casos de corrupción, la mayoría dentro de la empresa petrolera Petrobras y presuntamente relacionados con un porcentaje elevado de quienes integran la clase política brasileña, se han venido ventilando desde la mitad de 2015, cuando se anunció una investigación exhaustiva para identificar actos de corrupción.

Sin embargo, no fue sino hasta diciembre del año pasado cuando cobraron relevancia al colocar al régimen de Rousseff en una situación muy complicada.

Poco menos de un año después de haber ganado las elecciones en el mes de octubre de 2014, el optimismo de de Dilma Rousseff se desmoronó al enfrentarse con las acusaciones de corrupción.

A la par de las acciones tomadas en la legislatura por Eduardo Cunha, pastor evangélico y político conservador reconocido por su oposición a muchos de los programas públicos de Rousseff, numerosos sectores de la población hicieron oír públicamente su voz en contra de la mandataria.

Posteriormente, en marzo del año en curso, la policía brasileña ordenó una investigación en la casa de Ignacio Lula da Silva, predecesor de Rousseff en el gobierno y compañero suyo en el Partido de los Trabajadores (PT).

A Lula, junto con otros integrantes del PT aunque también de la oposición, se le relacionó directamente con casos de corrupción al interior de Petrobras y se le investigó por este motivo.

Las investigaciones contra Lula y el PT fueron aprovechadas por sectores inconformes con los manejos que ha hecho Dilma Rousseff de la economía y la política brasileñas, por lo que a mediados de marzo estallaron protestas multitudinarias en diversas metrópolis brasileñas en las que se exigió la dimisión de la mandataria.

Esta situación solamente empeoró cuando un par de días después de que estallaran las protestas, se diera a conocer que también Rousseff podría estar involucrada en casos de corrupción dentro de Petrobras.

La polémica y la oposición a Rousseff empeoraron cuando la mandataria anunció su intención de incorporar a Lula como jefe de su gabinete. Este anuncio fue interpretado por opositores como un gesto de insensibilidad política y las calles fueron tomadas de nuevo en represalia.

Los últimos días del me de marzo se tornaron particularmente oscuros para el gobierno de Brasil cuando se dejó en suspenso el nombramiento de Lula como jefe de gabinete.

Posteriormente, la situación del PT se tornó aún más precaria debido a que el 28 de marzo, varios partidos aliados abandonaron la coalición oficialista.

Con la hegemonía de Rousseff en picada, a mediados de abril el parlamento aprobó un proceso de destitución en su contra.

Esto hizo que también varios simpatizantes oficialistas salieran a la calle a protestar contra lo que consideraban un proceso amañado.

Por su parte, la mandataria responsabilizó a su vicepresidente, Michel Temer, por estar presuntamente detrás del proceso de destitución en lo que calificó como un “intento golpista”.

Este proceso culminó el día de hoy, jueves 12 de mayo, con la decisión del senado de aceptar el procedimiento de destitución contra la mandataria de Brasil.

Durante el procedimiento, la mandataria se mantendrá apartada del cargo, el cual será ocupado por Michel Temer y permanecerá solo con la mitad de su  salario.

Esta situación se mantendrá durante 180 días, en los cuales se investigará si en verdad Rousseff fue partícipe de actos corruptos.