Función Pública determina que Peña, Rivera y Videgaray no incurrieron en conflicto de interés

Ni el presidente Enrique Peña Nieto, ni su esposa Angélica Rivera, ni el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, incurrieron en conflicto de interés por su relación con Grupo Higa, concluyó Virgilio Andrade, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Luego de siete meses de haber iniciado una investigación para determinar si hubo o no conflicto de interés en la compra de tres inmuebles a dos contratistas del gobierno federal, Andrade dijo este viernes que no encontró ningún conflicto de interés.

Durante una conferencia de prensa, el titular de la Función Pública aseguró que conforme a las atribuciones del presidente Peña, él no forma parte en las contrataciones realizadas por el gobierno federal, y en consecuencia no incurrió en conflicto de interés.

“La obligación, en términos de conflictos de interés está referida en términos de los servidores públicos en activo.

“Durante el tiempo de encargo del presidente de la República, ni él ni su esposa han adquirido bien inmueble alguno“, añadió el funcionario.

Según Andrade, el contrato celebrado por Angélica Rivera para su casa en Sierra Gorda es legal y no fue modificado para favorecerla a partir de la toma de posesión de Peña  como Presidente de la República.

La esposa del presidente, Angélica Rivera, acreditó plenamente el contrato y los pagos que realizó a Ingeniería Inmobiliaria del Centro, sostuvo el titular de la SFP.

Según Andrade, Rivera acreditó haber recibido 88 millones de pesos por parte de Televisa como finiquito de su relación laboral.

El caso Videgarary

En tanto, respecto a la compra de un inmueble en Malinalco que realizó el titular de Hacienda, Luis Videgaray Caso, el titular de la SPF aseguró que no intervino en ninguno de los procedimientos de contratación con empresas de Juan Armando Hinojosa Cantú, por lo que no hubo falta de imparcialidad de su parte.

Sobre los inmuebles, la SFP indicó que Videgaray pagó en enero de 2014 más de 6 millones de pesos para liquidar la deuda por la propiedad.

Aduciendo a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, el secretario indicó que el conflicto de interés existe cuando hay una actuación parcial del servidor público para con las empresas.

“Habrá intereses en conflicto cuando los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión“, recordó Andrade.

Empresas y contratos

De acuerdo con Andrade, las empresas de Juan Armando Hinojosa, accionista mayoritario de la empresa que vendió la llamada “Casa Blanca” a la esposa del Presidente Peña, tienen 22 contratos con la Administración Pública.

Las empresas donde Juan Armando Hinojosa es accionista son Constructora Teya, con 3 contratos públicos, Concretos y Obra Civil del Pacífico, con 6 contratos, Eolo Plus, con 11 contratos, y Publicidad y Artículos Creativos, con 2 contratos, Constructora Teya también fue considerada por estar en un consorcio con otras empresas con el que participó en una licitación pública para el tren México-Querétaro.

Además se consideró el caso de a participación de Constructora de Tella en el Consorcio conformado por  empresas: Constructora y Edificadora Constructora y Edificadora GIA+A SA de CV, Promotora y Desarrolladora Mexicana SA de CV, GHP Infraestructura Mexicana  China  Railway Construction.

Las cuatro empresas mencionadas tiene 22 contratos con el Gobierno federal, por su parte la inmobiliaria que celebró en los años 2005 y  2006 con Enrique Peña Nieto tiene como accionado a Ricardo Arturo San Román Dunne  por lo que se investigó qué empresas donde fuse accionista esta personas tiene contratos con el gobierno federal.

Son dos: Constructora y urbanizadora Ixtapan SA de CV con cinco contratos  y Club de Golf Ixtapan SA de CV con seis  contratos, en total estás empresas tiene 11 contratos con el gobierno federal.

Así todas la empresas relacionadas con la venta de casas tienen 33 contratos con el gobierno federal: 13 de bienes y servicios y  20 de obra pública, lo que representan el 0.17% del monto total de los contratos otorgados por el gobierno federal.

De acuerdo con Andrade los contratos fueron celebrados con 15 dependencias y se investigó la conducta de 111 servidores públicos que intervinieron en los contratos.