Justicia queretana sigue sin asignar traductores a indígenas: Rosendo Anaya
A pesar de que ya hay una ley que lo prevé como una obligación
La LVII Legislatura del estado de Querétaro aprobó entre marzo y abril de 2014 la Ley sobre Intervención de Personas Indígenas en Procesos Contenciosos, con el objetivo práctico de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) tenga que dotar de traductores a los indígenas que participen de un asunto judicial, sin embargo, Rosendo Anaya Aguilar lamentó que a más de un año de aprobada la ley, no se está cumpliendo.
El presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas informó que hace escasas dos semanas, un indígena fue detenido en la entidad por la presunta comisión de un delito, sin embargo, hasta el día de hoy no se le proporcionado un traductor. El legislador panista no dio a conocer ni el nombre ni la comunidad en la que fue detenido el indígena.
“Es una persona a la que no se le pudo rendir su declaración de manera inmediata porque no traía a su traductor, no queremos que se sigan vulnerando sus derechos”, lamentó.
Anaya Aguilar recordó que el traductor debe ser certificado por el INALI y la CDI, y que el sistema de justicia los tenga reconocido, pues deben de contar también con conocimiento en Derecho para poder entender la terminología y saber cómo transmitírselo al indígena, pues en muchos casos se pide la ayuda a improvisados que no tienen la capacidad de expresarse con propiedad, y los indígenas terminando entendiendo cosas distintas a la realidad jurídica.
“En muchas ocasiones utilizan a alguna persona para que los ayude para ver qué están tratando de decir, pero no alguien especializado y certificado, que es lo que nosotros queremos, por eso hemos puesto en la ley que sea obligatorio, y esa es la parte que no se ha hecho”, agregó.
Además del TSJ, organismos como el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), la Procuraduría General de Justicia (PGJ), el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y el Tribunal de Conciliación y Arbitraje tienen la obligación de proporcionar traductores a los indígenas involucrados en los procesos contenciosos de su competencia.
