¿Cómo va la legislación secundaria en materia energética?

Con sesiones maratónicas, los últimos cuatro días han servido a los diputados federales de la LXII Legislatura para darle trámite a toda la legislación secundaria que reglamentará la reforma constitucional en materia energética, considerada por muchos políticos la reforma más trascendente del México moderno.

De principio, eran seis los dictámenes que los diputados tenían que abocarse a revisar en la sesión extraordinaria de pleno que aún hoy sigue en trámite, desde el pasado lunes.

Cuatro dictámenes ya han sido aprobados, y fueron enviados por el Senado de la República, por lo que la Cámara de Diputados fungió como cámara revisora. Dichos dictámenes son:

• Ley de Hidrocarburos
• Ley de la Industria Eléctrica y de Energía Geotérmica
• Ley de Pemex y de la CFE
• Leyes de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, y de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburo.

Los otros dos dictámenes serán discutidos a partir de este viernes, y contienen tres propuestas de ley enviadas directamente desde el Ejecutivo federal. Tienen que ver con temas presupuestales, por lo que los diputados deben ser la cámara de origen. Estos son:

• Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y cambios a las leyes Federal de Derechos y de Coordinación Fiscal
• Ley del Fondo Mexicano del Petróleo
• Reformas a las leyes Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y General de Deuda Pública.

¿Qué legislaciones están ya aprobadas?

La última legislación en ser aprobada fue la concerniente a los órganos reguladores del petróleo, la luz y el gas, una minuta enviada por el Senado de la República y aprobada la noche de este jueves. El documento aprobado por 334 votos a favor y 124 en contra es el de las leyes de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, y la ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.

Con estas leyes se crean la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, así como la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, encargada de la protección de las personas, el medio ambiente y las instalaciones del sector.

Anteriormente, se aprobaron el miércoles las Leyes de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que venían en un dictamen aprobado por el Senado de la República, pero como se aprobó con modificaciones, le fue devuelto a la Cámara Alta.

Las normas avaladas establecen las reglas que deberán seguir ambas instituciones para convertirse en empresas productivas del Estado, una obligación marcada en la reforma constitucional promulgada en diciembre pasado, y abre la puerta a que sus pasivos laborales se conviertan en deuda pública.

Previo a ello, se aprobaron el martes pasado la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de Energía Geotérmica, así como modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales.

Con las modificaciones se precisa que la ocupación o afectación de terrenos se dará en la prestación del Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica y para la construcción de plantas de generación, donde se requiere una ubicación especifica. Asimismo, que las contraprestaciones, términos y condiciones para el uso, goce o afectación de terrenos, bienes o derechos para estas ocupaciones, serán negociados por los propietarios y los interesados.

El lunes, durante el primer día de sesión extraordinaria, los diputados federales aprobaron la  nueva Ley de Hidrocarburos, así como reformas a las leyes de Inversión Extranjera, Minera y de Asociaciones Público Privadas

La legislación incluye las reglas que deberán seguir los particulares que reciban contratos del Estado para la exploración y la explotación de petróleo y gas, entre otros puntos. Establece, por ejemplo, que los contratos serán concedidos por la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y que podrán rescindirse si la empresa contratista detiene sus actividades durante 180 días, si es responsable de un accidente grave en el área otorgada o si entrega información falsa de forma dolosa.