Querétaro, reprobado en transparencia y fiscalización
Es el resultado del estudio “Auditorías Superiores Locales en México: evaluación de su normatividad, prácticas y transparencia”, realizado por el Instituto Mexicano de la Competitividad
El estado de Querétaro obtuvo una calificación reprobatoria –con 2.5 de 10 puntos- dentro del estudio “Auditorías Superiores Locales en México: evaluación de su normatividad, prácticas y transparencia”, realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) que evalúa la transparencia y fiscalización de la entidades federativas.
De hecho, en el análisis junto con Querétaro otras 13 entidades federativas también obtuvieron una calificación reprobatoria en materia de transparencia y fiscalización de los recursos públicos.
Entre las entidades reprobadas se encuentran Jalisco, Distrito Federal, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Guanajuato. Otras siete entidades como Campeche, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas no hacen públicos los informes de la fiscalización de recursos.
“Las leyes de fiscalización en los estados tienen fuertes deficiencias en puntos clave porque no garantizan consecuencias a los resultados de las auditorías y no obligan a hacer públicos los informes de sus procesos, entre otros”, determinó el estudio en el que también participó el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la Universidad de Guadalajara.
El análisis también contempló el trabajo que realizan los Congresos locales de cada entidad federativa respecto a la labor que hacen en materia de fiscalización. En ese rubro el Congreso de Querétaro obtuvo una calificación reprobatoria -4 puntos de 10- al igual que Chihuahua, San Luis Potosí y Yucatán.
“En la práctica, sólo 12 congresos publican en el sitio web del Congreso los dictámenes de las cuentas públicas con una periodicidad mayor a dos años. Solamente nueve portales electrónicos cuentan con información sobre las actividades e integrantes de la Comisión de Vigilancia (o equivalente)”, resaltó el estudio del IMCO.
Es por ello que entre las recomendaciones, el IMCO incluye establecer claramente responsabilidades del Congreso en el proceso de fiscalización
“La autonomía de la EFSL (Entidades de Fiscalización Superior Locales) no debe confundirse con la desvinculación del poder Legislativo de la función de fiscalización superior del gasto público, ya que este poder público tiene el deber originario de vigilar el uso de los recursos públicos.
“Por lo tanto, se deben reformar las disposiciones que establecen las competencias y atribuciones de los congresos sobre la revisión de la cuenta pública para asegurar que sean decisores políticos y presupuestarios informados técnicamente por la EFSL y (2) que den seguimiento de mediano y largo plazo a las observaciones, sanciones y otras consecuencias de la fiscalización superior”.