Juicios orales transparentarán justicia en Querétaro

Los juicios orales son la idea perfecta que vendrán a transparentar la impartición de justicia en el estado de Querétaro, aunque adoptar esta nueva modalidad no será sencillo pues se requiere de una gran cantidad de dinero para transformar todo el sistema de justicia, afirmo el presidente del Colegio de Abogados Penalistas, Juan Carlos Martínez Mey. 

En entrevista en Palacio de Gobierno, puntualizó que la impartición de los juicios orales es una obligación que tienen como estado en virtud de la Reforma Constitucional del 18 de junio de 2008, donde se dio un plazo de ocho años a todos los estados para implementarlo, es decir, la entidad está comenzando a trazar los primeros trabajos en esta materia a cinco años de la Reforma.

“Creemos que es la solución al problema de justicia penal en virtud de que con esto se va descongestionar mucho los juzgados, se va reducir mucho la carga de trabajo y va a ser una forma más transparente de impartición de justicia y creemos que la idea es perfecta, va costar trabajo, no es fácil, no es sencillo“, reconoció.

Martínez Mey manifestó que es un cambio radical, pues se trata de un sistema judicial totalmente nuevo y desconocido prácticamente en todo el país, pues adoptarlo significa transformar desde un Ministerio Público hasta el Tribunal de Sentencias, además de que se deberá capacitar todo el sistema que va desde la policía hasta los magistrados para que este sistema tenga éxito.

El principal reto, admitió, será que la gente asimile y comprenda el cambio, algo que podría llevar varios años, pero se aventuró a decir que sí bien esta generación apenas lo va experimentar, las futuras van a disfrutar el sistema de los juicios orales.

Finalmente, subrayó que la entidad debe apresurar el ritmo de trabajo para lograr dicho cambio, pues la Reforma dicta que el plazo para cumplir con el nuevo sistema judicial vence en el 2016.

Cabe mencionar que este martes Juan Carlos Martínez Mey tomó protesta como nuevo presidente del Colegio de Abogados Penalistas del Estado de Querétaro, tras culminar la gestión de dos años de Rafael Tovar Ugalde.