¿Y ahora quién podrá ayudar a los Estados?

Los recursos federales se verán disminuidos en las transferencias que se hacen del centro a los Estados, de los cuales estos han vivido históricamente, así como gran parte de los municipios del país; por lo que vuelve a ser materia de discusión las deudas locales, lo grande que muchas de ellas ya son, e incluso la necesidad de contratar más para financiar proyectos públicos o bien aumentar los impuestos locales para compensar la falta de recursos.

Por mucho tiempo nos preocupó el endeudamiento como nación, particularmente a partir de que este fue tan alto y tan mal manejado, que nuestro país cayó en impago. Aún están frescas, para algunas generaciones, las imágenes de Jesús Silva Herzog, secretario de Hacienda con los presidentes José López Portillo y Miguel de la Madrid, declarando la imposiblidad financiera de México para afrontar los pagos de su deuda.

Desde entonces uno de los principales temores en el manejo de las finanzas públicas ha sido excederse en el endeudamiento, lográndose una disciplina fiscal desde las épocas de Ernesto Zedillo, posteriormente al rescate que el gobierno de Bill Clinton hizo de nuestro país, hundido en una de las grandes crisis de su historia. A partir de ese momento cambio radicalmente la manera como se administrarían las finanzas del país ya fuera por exigencia del FMI, calificadoras o la banca internacional.

Ahora, en tiempos de férrea disciplina fiscal de las finanzas federales y de control inflacionario, existe otro factor que preocupa al país, que forma parte de sus factores de riesgo, pero que por muchos años pareció no importar tanto como para volterarlo a ver: se trata de la deuda de las entidades federativas, en general manejada irresponsablemente y con una buena carga de corrupción.

Los Estados, con la alternancia, fueron ganando autonomía real, al tiempo que los ejecutivos encontraban los medios para ejercer dominio sobre sus legislaturas, independientemente de su conformación política, hizo que muchos de ellos se endeudaran sin control, y aunque el registro de deuda de entidades tiene tiempo funcionando, no se pudo o no se quiso poner el alto a los financiamientos cuyo destino pocas veces se veía reflejado en el patrimonio público y sí en el patrimonio personal de muchos gobernantes o en campañas políticas.

También los municipios entraron a la dinámica del endeudamiento, algunos debían pedir permiso a los congresos estatales, otros buscaron alteranativas, dentro de las posibilidades jurídicas que les ofrecía el artículo 115 constitucional, dando como resultado también un sobreendeudamiento muy por encima de sus capacidades de pago.

Las legislaturas locales han sido cómplices en muchas ocasiones, dejando de analizar con seriedad los esquemas propuestos para endeudamiento, el objeto del mismo y la relación ingresos y egresos, pero afortunadamente la Ley de Disciplina Financiera ha complicado a los Estados, Ayuntamientos y congresos locales, disfrazar compromisos económicos a largo plazo y ahora simplemente debe llamársele por su nombre, deuda pública, a todo financiamiento que constituya un pasivo, independientemente de la modalidad que este sea presentado.

Ahora con la reducción de recursos federales, las entidades estarán recurriendo al aumento de deuda y creación de impuestos, siendo quizá un siguiente paso desempolvar la posiblidad de llevar a cabo una nueva Convención Nacional Hacendaria, donde busquen otras alternativas como conservar parte de impuestos, como el IVA, que en algún momento se propuso que se quedará en los estados y municipios que lo cobraran, mandando sólo el 10 por ciento o menos a la federación. Para lo anterior requerirían del beneplácito del Gobierno Federal y el Congreso, lo cual se antoja complicado.

El presupuesto 2020 plantea la necesidad de un nuevo esquema para los Estados y municipios, una nueva estrategia para generar recursos propios y mantener su gasto, así como menos despilfarro y reducir al máximo la corrupción. Son los tiempos de incrementar ingresos y eficientar el gasto, tratando de no generar sobresalto en los ciudadanos y más aún en el electorado previo al año electoral 2021.