No se puede confiar en el INE

Con lo que vimos en los telediarios, ¿alguien mete las manos al fuego por el INE? ¿Acaso unas autoridades y unos proveedores del Instituto que brindaban con semejante cinismo por los éxitos de una licitación generan confianza en el número de boletas impresas? Si a estas palomitas un malandro les pidiera un millón de boletas extras a cambio de una lana, ¿resistirían la tentación?

El INE no es un fin; es un instrumento para algo mayor. El fin de lo que se forjó durante décadas para avanzar como una nación moderna es la democracia. El INE es solo uno de los instrumentos, eso sí, de capital importancia para generar procesos electorales con resultados aceptados por los electores y los contendientes.

La tesis es sencilla: no se puede confiar en el INE cuando quienes tienen la responsabilidad de garantizar la limpieza de las elecciones no ofrecen garantías de integridad y transparencia. El problema no se agota en una licitación cuestionada ni en la conducta de algunos funcionarios y proveedores. Lo verdaderamente grave es que se puso en riesgo la certeza sobre los instrumentos, los procedimientos y los resultados electorales, e incluso la integridad de los miembros de las autoridades electorales de los estados. Cuando se pierde esa confianza, se destruye la democracia misma.

Por varias razones, la elección de 1988 es un parteaguas en la vida del país. La transición inició diez años antes, con las reformas impulsadas por López Portillo, que incluyeron la participación del Partido Comunista en los comicios. Sin embargo, lo acontecido aquella noche, cuando el ahora morenista Manuel Bartlett detuvo el sistema, precipitó una transformación profunda. El régimen priista quería demostrar al mundo que éramos una nación moderna y democrática.

La oposición puso sobre la mesa lo más obvio y urgente: la certeza en el voto. Un sistema electoral funciona con base en una sana y conveniente desconfianza. Lo que está en juego es el poder público y solo un cándido puede pensar que no habrá alguno que quiera robárselo. Me llama la atención que avezados especialistas y opinadores se detengan en los terribles actos de ilegalidad que rodean las licitaciones, pero no profundicen en su análisis sobre temas más relevantes y con implicaciones mayores. No estoy diciendo que no se castiguen, en su caso, los excesos; afirmo que el daño es mayor y que se tiene que reparar.

En 1990 me desempeñé como secretario técnico del Consejo Electoral del Estado de Coahuila, órgano que se encuadraba dentro de la Secretaría de Gobierno. La instrucción era clara: las elecciones tenían que ser limpias e incuestionables. Era un novel servidor público y, sin mucha experiencia, me enfrentaba al temor de no cumplir con lo mandado. La oposición, entonces integrada por Acción Nacional, PRD, PARM, UDC, PFCRN y PPS, ejercía una presión inmensa sobre la autoridad y tenía enormes expectativas de triunfo. Varias de esas agrupaciones venían del Frente Democrático que apoyó a Cuauhtémoc Cárdenas y, por lo tanto, en su elección más reciente habían obtenido buenos resultados.

La preocupación de aquellos días se centraba en lo esencial para una elección: las boletas, el material electoral, la selección de los funcionarios de casilla, las garantías para los representantes de los partidos, la transparencia en el traslado de los paquetes electorales y la entrega inmediata de resultados. Todo lo anterior quedó vulnerado por el escándalo de la señora Taddei. Más aún cuando es evidente su relación con el régimen morenista.

Es claro que hay temas críticos en los procesos de licitación. Sin embargo, el daño es mayor y golpea la línea de flotación del sistema electoral mexicano. En el pasado, con el cinco por ciento de lo que hemos visto, los morenistas que entonces eran oposición habrían cantado fraude. Hoy, los integrantes del régimen no asumen la importancia de construir un buen proceso electoral y se la pasan descalificando y echando la culpa a otros. Esa es la especialidad de la casa.

La tragedia del INE se agudiza cuando observamos que, en 2024, los legisladores de Morena le concedieron poderes extraordinarios a la señora Taddei, eso sin contar el desmantelamiento del Poder Judicial y de los órganos autónomos.

El estilo del régimen es no escuchar e incluso agandallar lo que se pueda. Parece que no hay interés en legitimar las instituciones del Estado mexicano ni las políticas públicas. Sin embargo, lo que vemos enfrente es un marranero.