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»Julio Sherer Ibarra, consejero jurídico de la Presidencia

Días de retos y oportunidades vive el Poder Judicial de la Federación, cuyo nombre, prestigio y autonomía han sido cuestionados entre diversos ataques



Por: Arturo Maximiliano García
Julio-Scherer-Ibarra

Foto: Especial

Días de retos y oportunidades vive el Poder Judicial de la Federación, cuyo nombre, prestigio y autonomía han sido cuestionados entre diversos ataques principalmente políticos, algunos con justificación. Posteriores a la renuncia de Eduardo Medina Mora, vinieron otros casos, la reciente acusación de enriquecimiento inexplicable de un magistrado electoral, una dirigente partidista de Morena señalando que algunos juzgadores toman pagos, el cese de una magistrada por forzar a sus subalternos a cuidar a sus hijos, y en este entorno se da una reunión en el Senado para plantear una reforma en el Poder Judicial.

Fungiendo como anfitriones, un grupo de Senadores, encabezados por su presidenta Mónica Fernández y el líder de la mayoría, Ricardo Monreal, recibieron a Alejandro Gertz, fiscal General de la República, Arturo Zaldívar, presidente Ministro de la SCJ y a Julio Scherer Consejero Jurídico de la Presidencia, entre otros legisladores, juzgadores y académicos, siendo el tema que los reunió el planteamiento de una reforma de fondo en la administración e impartición de justicia federal, que, dicho por los asistentes, es necesaria si no es que indispensable.

Las acusaciones de nepotismo acreditadas por investigadores y académicos, así como la renuncia del Ministro Medina Mora vinculada con operaciones bancarias de millones de dólares, seguido esto por una publicación que involucra a un Magistrado electoral en una discrepancia entre su sueldo y lo que ha ingresado en sus cuentas, la acusación no probada pero hecha de una líder partidista sobre un contubernio entre miembros de su propio partido con magistrados electorales y ya como para rematarle la destitución de una magistrada federal por ocupar a sus subalternos como cuidadores de los hijos de la juzgadora, han dado pie al golpeteo. Todo apunta a que hay algunas manzanas podridas y un sistema que las ha tolerado.

Pareciera que las peores prácticas de corrupción estarían presentes en un poder que se dedica a la gran labor de dar justicia, de que las controversias se arreglen conforme a quien le asista la ley y no quien pague más por ella, así como otras donde al tener el poder de designar a subalternos o influir en ellos estuviéramos a expensas de que no se busque capacidades sino parentescos o sumisión, que no jerarquía, para hacer cualquier cosa con tal de mantener el trabajo.

Importante será que se conozca la verdad y haya consecuencias jurídicas para quienes efectivamente hubieran usado su cargo de juzgadores para incurrir en cualquiera de estas prácticas que dejan muy mal parado a un poder que tiene a su cargo garantizar la constitucionalidad y legalidad de los actos de todos los mexicanos estando en juego en muchos casos nuestras familias, patrimonio y libertad, ni más ni menos.

Por lo pronto se empezará a valorar una gran reforma, una de fondo que no sucede desde la administración del Presidente Zedillo, y que en principio podría partir de cómo elegir a los ministros, pudiendo dejar de ser facultad solamente del Presidente de la República, una modificación a la integración del Consejo de la Judicatura cortando el vínculo directo con el pleno de la SCJ vía su presidente, evitar el nepotismo reformando los esquemas de designaciones y valorar un presupuesto como un porcentaje del PEF para garantizar su autonomía.

De los sueldos no se dijo mucho, pero seguro entrará en este debate que deberá llevar a un nuevo funcionamiento y práctica del PJF. Sin duda todo un reto, pero también una oportunidad histórica.