Derechos Humanos, la falta de operación política

Si hay algo que no se le ha dado bien a la administración de José Calzada al frente del Poder Ejecutivo del estado de Querétaro, a punto de cumplir cinco años y viendo ya el principio del fin de su periodo, es la correcta operación política para sortear la renovación de los órganos públicos autónomos.

Aún retumban en los corrillos políticos queretanos los conflictos provocados por la desafortunada elección del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro (IEQ) a finales de 2009, o la problemática suscitada en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, cuyo control retomó Eugenio Castellanos Malo tras una batalla judicial.

A dichos amargos episodios, que llegaron incluso a cobrar la cabeza de un secretario de Gobierno, hay que añadir uno más que parecía había pasado suavemente: la elección del ombudsman queretano.

En 2012 se eligió a Miguel Nava Alvarado para que presidiera la hoy conocida como Defensoría de los Derechos Humanos (DDHQ). Parecía que ya habían afinado el toque para llevar a cabo dichas operaciones políticas, pero dos años después, el teatro se cayó.

El proceso judicial iniciado y ganado por José Luis César Pérez Guzmán levantó algunas alarmas por la necesidad de volver a operar una laceración supuestamente ya sanada y ante la posibilidad de provocar más dolor incluso que cuando, con aparente precisión quirúrgica, se había cerrado.

Corría abril de este año cuando hubo que sacar nuevamente el manual de la operación política queretana, de manera por demás inesperada. Jorge López Portillo Tostado, secretario de Gobierno, y Alfonso Jiménez Campos, subsecretario de gobierno, fungieron como anfitriones en el propio despacho del gobernador, que aún sin su presencia física, emite un poderoso mensaje.

Los llamados a la mesa fueron Carlos Manuel Septién Olivares, presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ); Braulio Guerra Urbiola, presidente de la Mesa Directiva en la LVII Legislatura; y por supuesto, el ya mencionado Miguel Nava Alvarado.

La razón de tan amistosa tertulia era una sola: poner sobre la mesa los hechos y hacerle saber a todos que la sentencia emitida por la magistrada Celia Maya García había sido ratificada y que no quedaba  otro camino más que reponer el procedimiento de elección de ombudsman queretano.

Seguramente los responsables de la conducción política del estado confiaban en que de esa reunión saldrían incluso con un plan de acción para resolver el problema ratificando a Nava Alvarado frente a la DDHQ, pero lamentablemente para ellos, y sobre todo para la gobernabilidad de Querétaro, lo que pasó fue distinto.

Miguel Nava, presto para el mal humor, se tomó muy mal el asunto, y recriminó a los presentes por pretender hacerlo pasar por dicho proceso. Braulio Guerra le hizo saber que era una sentencia de un juez, y que no había de otra más que cumplirla, so pena de convertirse en un caso más tipo Alonso Landeros o Graciela Juárez.

El defensor del pueblo no tomó a bien el comentario vertido por el priista, a quien recriminó su intención de someterle a dicho proceso. Lo siguiente fue una fuerte confrontación entre ambos actores políticos, hasta el punto que Miguel Nava amenazó a golpes al diputado. Todo frente a los responsables de la fluidez política del estado.

La historia después de este suceso ya es bien conocida. El proceso de reposición se ha iniciado en medio de una serie de descalificaciones proferidas desde la DDHQ hacia, sobre todo, los Poderes Legislativo y Judicial.

Miguel Nava asegura que no hay ninguna opción de que este pueda ser retirado de su cargo, a pesar de la ya clara tendencia por parte de los diputados de la LVII Legislatura a favor de la figura de Pérez Guzmán.

Mientras tanto, las amenazas se convirtieron ya en acciones reales, con 13 denuncias penales, una por cada magistrado del TSJ, y otras tres denuncias penales contra los tres magistrados del Tribunal Colegiado de Circuito. En todas, el denunciante es Miguel Nava Alvarado.

Y a esas denuncias penales, hay que sumar las confirmadas por el propio ombudsman queretano, contra Raúl Ríos Ugalde, director de Asuntos Legislativos y Jurídicos en la LVII Legislativo, y contra el diputado Guillermo Vega Guerrero, presidente de la Junta de Concertación Política en el Congreso estatal. Ambas, son por el presunto delito de falsedad de hechos.

Nava Alvarado ya se acerca a la veintena de denuncias penales, aferrándose hasta con los dientes al despacho de los Derechos Humanos. La tormenta ya está desatada, y la operación política, como desde 2009, parece brillar por su ausencia.

Los trucos y chicanas legaloides, las amenazas de muerte, los rumores sobre preferir jugar al golf que comparecer ante la Legislatura, las fes de hechos notariales, son un ingrediente extra que pretende mediatizar el caso del defensor en comento. Lo único que queda claro hasta hoy en esta historia es que “quien siembra vientos, cosecha tempestades”.