DDHQ emite recomendación contra PGJ por la arbitraria acusación contra menor de edad
Agentes del MP y peritos dictaminaron que pese a estar jugando dentro de su fraccionamiento, el menor debió dar paso a una camioneta
Este 6 de enero la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) emitió una recomendación en contra de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) por haber negado el interés superior de la niñez a un menor de cuatro años que fue atropellado al interior del fraccionamiento en el que habita.
Y es que las agentes del Ministerio Público (MP) María del Carmen Morales Ortiz y Aurora Alcaya Ibarra, así como el perito Isaías Moreno López resolvieron que el menor de edad fue responsable de daños en agravio de la conductora de una camioneta que lo atropelló mientras este jugaba con su bicicleta, que a pesar de ser un juguete, fue considerado en la averiguación previa un vehículo biturbo sin placas.
“Como parte del trámite de la indagatoria, el perito responsable emitió un dictamen que carece de legalidad por ser contrario al derecho de protección del agraviado, al pretender imponer al menor de cuatro años la obligación de ceder el paso a una camioneta que circulaba dentro del condominio. La ministerio público especializada en hechos de tránsito, basándose únicamente en ese peritaje, omitiendo los testimonios de vecinos e indicios en el lugar, determinó en la resolución de la indagatoria la existencia del delito de daños en agravio de la conductura del vehículo que atropelló, señalando al niño como responsable”, puntualizó.
Al menor de edad y a su padre además se les negó la posibilidad de obtener copias de la averiguación previa en su contra, además de que se le solicitó acudir a una diligencia de reconstrucción de hechos, algo inadmisible de acuerdo con Miguel Nava Alvarado, quien aseguró no debe permitirse que a un menor de edad que pudo haber perdido la vida se le obligue a reconstruir un hecho traumático.
“Si un menor por debajo de la edad mínima de responsabilidad para infringir las leyes penales desarrolla una conducta prevista en la legislación panal, la respuesta a la misma no debe ser punible, tomando en cuenta el interés superior de la niñez, el conjunto de normas en materia de derechos de los niños y atendiendo a las garantías del debido proceso”, sostuvo.
La recomendación se divide en cuatro puntos y se dirigen al titular de la PGJ, en las que se le pide inicie procedimientos administrativos en contra de los funcionarios implicados.