La nueva Ley Antilavado de dinero

El pasado 17 de Julio, en México entró en vigor la nueva Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones de Procedencia Ilícita que incluye algunas de las recomendaciones que hizo el Grupo de Acción Financiera Internacional.

Códice Informativo expone en qué consiste esta nueva legislación.

¿Qué es el lavado de dinero? 

El lavado de dinero es la manera de integrar al mercado legal los fondos de procedencia ilícita, basada en los siguientes elementos:

– Es un proceso

– Se oculta la existencia de una fuente ilegal

– El objetivo es hacerlo parecer legítimo

Recordemos que el lavado de dinero tienes tres etapas: 

1. Colocación:

El dinero procedente de actividades ilícitas se introduce al sistema financiero o a la economía con la finalidad de esconder o disfrazar su origen.

2. Estratificación:

Se realizan diversas transacciones dentro de la economía para evitar el rastreo y auditoría de los fondos.

3. Integración:

Se intenta reinsertar los fondos lavados en la economía mediante operaciones o negocios legítimos. En esta etapa el delincuente obtiene el beneficio real de la actividad ilícita, a pesar de pérdidas o gastos inherentes.

La nueva ley en México 

Prácticas de lavado de dinero se realizan de manera cotidiana a través de diferentes actividades económicas en México y en el mundo.

Uno de los casos más escandalosos de lavado de dinero es el del banco HSBC, que permitió el blanqueo de millones de dólares procedentes del narcotráfico, contrabando de armas y terrorismo.

México postergó por mucho tiempo una legislación más estricta sobre el lavado de dinero. Fue una de las últimas leyes promulgadas en el sexenio de Felipe Calderón, a pesar de la insistencia de organismos internacionales.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), creado por el G-7 en 1989 en París, ha insistido desde hace años a México para que legisle de manera más estricta el combate al flujo financiero ilícito. El GAFI emitió 40 recomendaciones al Estado mexicano en febrero de 2012, algunas de las cuales fueron plasmadas en la nueva Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones de Procedencia Ilícita, aprobada por el Senado en octubre de 2012 que entró en vigor el 17 de julio.

México es el segundo país en vías de desarrollo con los flujos financieros ilícitos más altos, según Global Financial Integrity (GFI). Se estima que entre el año 2001 y el año 2010 el flujo financiero ilícito en México fue de 476 mil millones de dólares, únicamente superado por China. 

Como se trata de dinero ilegal es muy difícil hacer una valoración real al respecto. Una nueva metodología que han desarrollado los investigadores del GFI estima que los países en desarrollo perdieron 1 billón 138 mil millones de dólares en el año 2010 en los flujos financieros ilícitos, un 26 por ciento más que en el año 2009.

Actualmente la PGR tiene identificadas más de 3,000 formas de blanqueo de activos de procedencia ilícita. 

Según un estudio realizado por la Cámara de Diputados mexicana, en el caso de México se estima que el lavado de dinero asciende a casi 10 mil millones de dólares al año, lo que representa el 3.6 por ciento del PIB del país. 

El sistema financiero es el principal afectado por estas prácticas ya que genera una competencia desleal en la economía, pues una de las maneras de “blanquear” el dinero es ofertando una cantidad mayor a su precio. Otro ejemplo cotidiano se puede reflejar en los restaurantes. Existen algunos negocios de este rubro que no tienen clientela, sin embargo, reportan ventas millonarias.

¿Qué implica esta Ley?

Esta ley tiene como objeto no sólo proteger al sistema financiero, sino también a la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones con recursos de procedencia ilícita, las actividades conocidas como “lavado de dinero”.

Esta nueva ley regula las transacciones de manera más estricta y señala como sujetos obligados a las personas dedicadas al comercio de vehículos, industria inmobiliaria, otorgamiento de crédito, servicios aduanales, entre otros.

A partir de ahora deberá reportarse la compraventa de vehículos, ya sean terrestres, aéreos o marítimos, cuyo costo exceda los 415 mil pesos, así como las operaciones en el sector inmobiliario que superen los 519 mil pesos; emisión de tarjetas de servicios arriba de 83 mil pesos, donaciones que superen los 207 mil pesos, entre otras. Además la Ley obliga a personas y negocios a reportar ante las autoridades cualquier operación financiera considerada como “inusual”, es decir, que rebase el límite legal de US$40.000, sin importar que se realice con dinero en efectivo.

Esta ley regula especialmente los sectores económicos que sean “vulnerables” al lavado de dinero, es decir, el comercio de joyas, automóviles, obras de arte y automóviles.

Las debilidades

Atacar las ganancias de carteles de delincuencia organizada, actividades ilícitas de funcionarios públicos y algunas empresas es una tarea difícil, coinciden especialistas, no sólo por las dificultades de la nueva ley sino por el tamaño del negocio.

Además, no contempla algunos regímenes simplificados de flujo de efectivo como el servicio público de transporte, establecimientos con grandes cantidades de efectivo como restaurantes, cines, centros nocturnos, salones de fiesta y gasolineras; hotelería; remodelaciones inmobiliarias; compra de empresas o negocios ya establecidos, entre otros.

Cabe señalar que aún está pendiente la publicación del Reglamento de Ley, el cual brindará mayor certeza tanto al cumplimiento de la ley como a la forma en que habrán de realizarse los reportes a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Sistema de Administración Tributaria.