Investigación de PGR pone en duda honorabilidad de Ombudsman

El hecho de que la PGR haya iniciado un procedimiento administrativo contra Miguel Nava Alvarado por presunto manejo irregular de recursos públicos cuando fue delegado de la Procuraduría en Aguascalientes prueba lo que organizaciones no gubernamentales queretanas habían advertido antes de la elección del nuevo ombudsman: que no cumplía el requisito de honorabilidad.

Así lo manifestó Virginia García Quijano, presidenta de la organización Tametztona Equidad y Libertad, que junto con otras Organizaciones No Gubernamentales cuestionó la candidatura de Nava Alvarado justo antes de que fuera elegido por unanimidad por la LVI Legislatura como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

De acuerdo con el expediente 604/2011 del Órgano Interno de Control de la Procuraduría General de la República, el Ombudsman queretano acudió a comparecer ante la dependencia federal el 14 de marzo pasado por el presunto manejo irregular de recursos públicos, cuando había cumplido apenas un mes de haber sido electo por unanimidad por los diputados locales.

“Uno de los requisitos para ser Ombudsman en Querétaro era demostrar honorabilidad. Por ejemplo a César Pérez Guzmán no se le dejó competir porque uno de los requisitos no lo cumplía y que era el de la edad”, recordó García Quijano.

De acuerdo con el expediente de la PGR, del que Códice Informativo posee una copia, se desprenden probables conductas irregulares que le son atribuibles en su carácter de Delegado de la PGR como que “autorizó el pago con cheques nominativos durante el ejercicio 2009 por un monto total de 19,196.78 pesos sin contar con la documentación justificatoria del gasto que acreditara que la erogación de los recursos correspondía a gastos urgentes“.

“El asunto es grave porque se prueba (con la investigación que abrió la PGR) que no hay honorabilidad (requisito para ocupar el cargo de comisionado) y que no pudo competir por el cargo como lo dijimos antes de que fuera electo”, aseguró García Quijano a Códice Informativo.

A nombre del Observatorio Ciudadano, órgano que aglutina a al menos seis colectivos no gubernamentales, exigió que se haga una investigación a profundidad de la actuación de Nava Alvarado cuando fue delegado de la PGR en Aguascalientes.

La activista puntualizó, por otra parte, que hasta el día de hoy el diario oficial del gobierno del estado, La Sombra de Arteaga, no ha publicado que Nava Alvarado resultó ser electo por unanimidad como comisionado por la Legislatura local el 11 de febrero pasado.

Cuestionó además si el sucesor de Adolfo Ortega Osorio debería seguir o no al frente de la CEDH durante el proceso administrativo iniciado por la PGR o si se debería nombrar a algún interino mientras el actual ombudsman puede aclarar su honestidad.

“Siendo la Comisión Estatal de Derechos Humanos prioritariamente un organismo que está a la defensa y tiene que mostrar un interés legítimo por las y los ciudadanos, parece que esta prueba es contundente y se haga una investigación a profundidad”, exigió.

“Si se comprueba el desvío de recursos habría entonces que revaluar quien está al frente y que abandonara la Comisión de Derechos Humanos”, aseveró.

García Quijano adelantó a Códice Informativo que en los próximos días el Observatorio Ciudadano hará presión ante la Cámara de Diputados local ante quienes presentarán un escrito para preguntar qué pasará si el ombudsman es sancionado por la PGR.

Añadió que también concretarán un encuentro con Miguel Nava Alvarado.

De acuerdo con la Ley que rige a la CEDH y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, el presidente de la Comisión durará en su encargo cinco años pudiendo ser relecto por un periodo igual y sólo podrá ser removido por causas graves.

Según especialistas, puede haber un problema de interpretación pues la ley no especifica qué se entiende por causas graves pues no hay un precepto de las defina.

En caso de que la PGR finque una responsabilidad administrativa a Nava Alvarado habrá que esperar a ver qué sanción le es aplicada y si ésta va de una amonestación, multa o una inhabilitación dependiendo de la gravedad de la falta por lo que habrá que esperar la decisión de la dependencia federal.