Autoridades “se resisten” a modificar procesos judiciales en pro de derechos humanos: Miguel Nava

El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Miguel Nava Alvarado, afirmó que actualmente “existe resistencia” de algunas autoridades para acatar los lineamientos que beneficien a quienes han sido violentados en los derechos humanos, aunque explicó que esta situación se da por las mismas lagunas que existen en la ley.

En entrevista, ejemplificó con la figura del arraigo. Al respecto añadió que ya presentó una iniciativa para su eliminación dado que viola los derechos humanos de los detenidos. Lo anterior, ya que así como se faculta a la ley para arraigar personas, se faculta a las personas demostrar su inocencia, siendo esta última instancia respaldada por organismos internacionales.

“Presenté una iniciativa para derogar la figura del arraigo del Código de Procedimientos Penales de Querétaro, y no porque sea una figura inconstitucional, porque está en la Constitución, sino porque es una figura que viola los derechos humanos; y por qué viola los derechos humanos, porque si la Constitución está previsto el arraigo, pero también está previsto la presunción de inocencia, y a la presunción de inocencia la acompañan varios tratados internacionales que la protegen”, indicó Miguel Nava.

Asimismo, añadió que este es tan solo un caso de temas pendientes en materia de derechos humanos durante la impartición de justicia, y afirmó que otros estados con la misma problemática modificaron las leyes en este sentido, mientras que en Querétaro aún no se ha realizado nada.

“Esto es un ejemplo de lo que muchas veces se resiste la autoridad a hacer, y aplicando la medida cautelar del arraigo, la Procuraduría lo sigue utilizando, el poder Judicial, al estar en la ley lo sigue concediendo, pero sigue siendo violatoria de derechos humanos, y qué quiero decir con esto, que hay mucha resistencia”, añadió el ombudsman queretano.

Por su parte, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Manuel Septién Olivares, comentó que mientras la ley faculte a los jueces otorgar un arraigo, esto se seguirá dando.

“Los jueces en uso de ese derecho, a petición del ministerio público tienen toda la facultad para implementar esa medida cautelar (…) el juez puede hacer lo que está en la ley, al estar esta medida en la ley soy partidario de eso y me acato a esa disposición legal. Es cierto que es una figura muy delicada, que tiene sus variables y que debe ser otorgada en determinados casos, como cuando existe temor de que la persona vaya a ser prófugo de la justicia”, concluyó.