Movimiento Ciudadano pide penas más severas en la propuesta de homicidio vial: “hasta 20 años”
Teresita Calzada considera que 5 a 10 años de cárcel es poco y plantea sanciones de hasta 20 años para conductores alcoholizados que provoquen muertes
La diputada local de Movimiento Ciudadano, Teresita Calzada, advirtió que la propuesta de crear el delito de homicidio vial con penas de 5 a 10 años de prisión es insuficiente y que debe endurecerse.
“Personalmente me parece poco, porque justamente el homicidio culposo tiene una pena máxima de 7 años. Si hablamos de pérdida de vida o de causar una incapacidad permanente, debería haber agravantes, penas más altas, como lo hemos planteado en otras reformas, de 10 a 20 años”, declaró.
La legisladora señaló que la propuesta impulsada por el alcalde de Querétaro, Felifer Macías, abre un debate necesario sobre la prevención de accidentes viales relacionados con el consumo de alcohol y otras sustancias.
“Es importante eso y otras sustancias, ¿no? Impulsado por la Secretaría de Gobierno del Estado con el objetivo de fortalecer una cultura de responsabilidad vial”, indicó.
Calzada agregó que la iniciativa será sometida a un ejercicio de Parlamento Abierto, en el que participarán sectores como el restaurantero, bares, antros, el sector académico y organizaciones sociales. También destacó que este tipo de medidas podría ser una oportunidad para fortalecer servicios de transporte privado y seguridad en eventos nocturnos, con el fin de evitar que las personas conduzcan bajo los efectos del alcohol.
“La propuesta es interesante desde el punto de vista que se establece un delito en particular para quien cometa homicidio manejando en estado de embriaguez, aunque también pudiera modificarse en materia penal el artículo 228 del Código Penal del Estado de 1 a 6 años de prisión cuando quien maneje en estado de embriaguez mate o cause incapacidad permanente o temporal a una persona”, afirmó.
Finalmente, subrayó que Movimiento Ciudadano analizará la iniciativa con el objetivo de que el castigo sea proporcional al daño causado y que las reformas permitan una adecuada atención e inhibición de este tipo de delitos en todo el estado.
