Paul Ospital presenta iniciativa para crear un padrón de agresores sexuales

Por medio de una conferencia de prensa, el diputado local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Paul Ospital, presentó una iniciativa para crear la Ley del Registro de Agresores Sexuales en el Estado de Querétaro; señaló que dicha ley ya se encuentra vigente en Ciudad de México y Baja California.

Mencionó que por medio de esta ley se podrán generar mecanismos para evitar que más personas sufran de violencia sexual en la entidad, en especial niñas, niños y adolescentes.

Consideró que esta manera de “tatuar” a los violentadores sexuales puede abonar a que este tipo de actos no se sigan cometiendo en la entidad y puntualizó que el 2% de los delitos de abuso infantil no se denuncian e inclusive, en ocasiones, son encubiertos por la propia familia.

“El objetivo es tener un registro de agresores sexuales que no será público, como lo solicita la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pero al que sí tendrán acceso las autoridades. La ley consta de 7 capítulos y 22 artículos y las autoridades que participarán para nutrir este registro son: la autoridad judicial, la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Querétaro y la Secretaría de Gobierno” declaró.

Además, consideró que este padrón ayudará a las investigaciones e identificación de autores de violencias sexuales con la utilización de nuevas tecnologías; señaló que este padrón ya existe en los países como Canadá, Estados Unidos, Argentina, Reino Unido, Costa Rica, Perú y Guatemala.

“Una de cada cinco niñas y uno de cada 10 niños sufre de violencia sexual, además de que, una de cada 3 personas que sufrió abuso sexual en su infancia, se vuelve un violentador de este tipo” indicó.

Ante los cuestionamientos sobre si esta ley no podría vulnerar los derechos humanos, el diputado destacó que la intención es que las autoridades sean las únicas con tener facultades para consultar dicho padrón.

Indicó que, crear este padrón abonará a que se puedan crear otras leyes que les prohíban realizar ciertos actos civiles a los violentadores sexuales, como el adquirir una licencia para conducir, restringir ciertos servicios básicos, por mencionar algunos.