Outsourcing puede traer sanciones fiscales y penales a las empresas: Liliana San Martín

El esquema de contratación a través de una tercera empresa, conocido como outsourcing, puede traer sanciones fiscales y penales a los empresarios, esto después de la reforma laboral que ilegalizó esta forma de contratar trabajadores, recordó la secretaria del Trabajo, Liliana San Martín Castillo, quien además aseguró que se tienen esquemas de identificación de estas empresas.

Las participaciones de los trabajadores en las utilidades de las empresas, reparto de utilidades o PTU, al derecho que tienen los trabajadores de recibir parte de las ganancias anuales de la empresa, y la forma en la que las Secretarías del Trabajo inspeccionan estas entregas, facilita la identificación de quienes incurren en esta práctica, informó San Martín Castillo, asegurando que, este último semestre, en Querétaro no se han localizado empresas que continúen con este esquema.

“Como ejercicio de una revisión, cuando se tenían que integrar las PTU, era mucho más sencillo advertir quién estaba en ese supuesto y quién no estaba. Aquellas empresas que se arriesgaban a mantener esta figura, más que una sanción en materia laboral, implicaba una sanción fiscal e incluso penal. Eso ha ayudado a inhibir este tipo de prácticas y, hasta este momento, en los ejercicios que realizamos en la unidad de inspección no ha sido un tema del último semestre”, subrayó.

Al respecto, cabe recordar que la secretaria del Trabajo y Previsión Social de la Federación, Luisa María Alcalde, había informado que fueron 100 mil los queretanos que fueron contratados de manera directa por sus empleadores después de la reforma laboral que entró en vigor el año pasado y que prohíbe la subcontratación, siendo ya tres millones los que suman en todo el país.

“Hemos avanzando mucho, en el país tres millones de trabajadores subcontratados han sido reconocidos por sus verdaderos empleadores. Los datos de Querétaro es que 100 mil han salido del esquema. Hemos visto un salto gigantesco en el pago del reparto de utilidades (PTU), se incrementó en 109 por ciento de un año a otro, eso significa 100 mil millones de pesos adicionales”, subrayó.

Sin embargo, alertó que hay empresas que un mantienen estas prácticas, por lo que se realizan operativos para sancionar y evitar la impunidad tras la reforma laboral.

“Hay algunos sectores en los que todavía hemos visto que persisten estás prácticas y hemos hecho operativos, precisamente para iniciar un proceso sancionador que nos permita que no haya impunidad”, aseguró.