Sentencia de Benjamín “N” aún no está firme: Mariela Ponce

La sentencia de 10 años y medio de prisión -sin sustitutivo penal- de Vicente Benjamín “N” no se puede ejecutar hasta que se resuelvan todos los recursos que tiene el acusado para tratar de revertirla, puntualizó la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del estado, Mariela Ponce Villa.

En ese sentido, aclaró que estos recursos se pueden iniciar en los 10 días próximos al martes próximo, fecha en que se emite sentencia, siendo un plazo máximo de tres meses en tiempo en que debería resolverse la apelación y, el próximo recurso que es el juicio amparo, tardaría al rededor de año en finalizar.

“La sentencia no se puede ejecutar hasta que se declare firme, es decir, si no apela la sentencia o si la apelan hasta que se resuelva la apelación. Y las partes todavía tienen la opción de recurrir al juicio de amparo”, puntualizó.

La importancia de que se castigue este tipo de delitos es para Ponche Villa la posibilidad de que esta violencia que se ejerce contra los animales, que no se pueden defender, pueda trasladarse a otros ámbitos de la vida, ya sea agrediendo a objetos o también a personas adultas y niños.

“La violencia hacia los animales tiene que ver con comportamientos que van dañando poco a poco a la sociedad, por esa razón se determinó considerar esa conducta como delictiva. Si no paramos la violencia que sucede contra un animal, qué va a suceder después con esa persona agresora que puede atentar contra otra persona, niño, adulto”, consideró.

En ese sentido, recordó que este delito existe desde 2014, pero fue hasta el 2019 que se establecieron los tipos penales con el que se juzgó este quinto caso, el primero en llegar a una sentencia de cárcel. En ese sentido, recordó que los otros casos quedaron en suspensión condicional del procesos debido a que no fallecieron los animales.

“Es importante que las personas propietarios de caninos sepan que, si ellos maltratan, o si alguien externo mal trata a su perrito, esto está protegido por la norma penal y que las personas agresoras sepan que, si lo hacen, pueden ser sujetos de un procedimiento con penalidades importantes