El gobierno federal está usado el aparato del estado para perseguir al PRI: Abigail Arredondo

El arresto del exprocutador Jesús Murillo Karam es un ejemplo de que el gobierno federal utiliza todo “el aparato del estado” para perseguir a opositores, especialmente, del Partido Revolucionario Institucional, consideró la presidenta del tricolor en Querétaro, Abigail Arredondo.

“Se está utilizando el sistema para ir a una persecución política que se hizo un común denominador en este gobierno. Esta es una nueva cortina de humo. Ahora no sabemos qué nos depara, nos gustaría que tuvieran intervención directa también en lo que está pasando en el país en materia de seguridad”, aseguró.

Para Arredondo, esta estrategia de desacreditación a opositores inició desde que se acusó a Ricardo Anaya, excandidato del PAN a la presidencia de la República en 2018 y ha continuado con otros casos, ejemplificando también con los audios contra Alejandro Moreno, asegurando que “todo parece indicar que van a meter todo el aparato de gobierno para seguir con el control del país”.

En ese sentido, Arredondo aseguró esperar que Murillo Karam no siga el mismo destino que Rosario Robles, otra exsecretaria de la administración de Enrique Peña Nieto arrestada por tres años y acusada de ejercicio indebido del servicio público. Al respecto, consideró que la entrada del primero y la salida de la segunda pareciera un “relevo” dentro de esta estrategia del gobierno contra el PRI.

“Fue como un relevo, como actúa este gobierno con su sistema. Es hasta de burla que sea el mismo día sabiendo que, por tres años, Rosario tuvo que estar amparando y recurriendo a instancias nacionales e internacionales para que no siguieran violando sus derechos. El gobierno continúa con estas cortinas de humo”, asegura.

Sobre la investigación de los 43 estudiante de Ayotzonapa, Arredondo consideró que no hay información nueva sobre el caso y, aseguró, estaría utilizándose la pesquisa para perseguir a opositores. Cabe recordar que Murillo Karam fue arrestado después de que el gobierno rindiera un informe en la que se reconoce que fue un crimen de estado y, además, hay otras 83 órdenes de aprehensión contra más funcionarios, entre ellos, militares.