CNDH reclama inconstitucionalidad de tres artículos del Código Penal
Defenderán la reforma propuesta por el gobernador, asegura Guillermo Vega
Foto: Tomada de IBERO
El Congreso del estado defenderá su posición ante la petición de inconstitucionalidad de tres artículos recién reformados, que interpuso la Comisión Nacional de Derechos Humanos ante la propuesta del gobernador del estado, Mauricio Kuri González, en el Código Penal del estado, aseguró el coordinador de los diputados del Partido Acción Nacional, Guillermo Vega Guerrero.
Al respecto, Vega Guerrero consideró que, a comparación del tamaño de la reforma, que implicó cambios al 30 por ciento de los artículos de dicho documento, estas observaciones son “pequeñas”, sin embargo, reconoció su importancia y aseguró que las áreas jurídicas del Congreso del estado están ya revisando los alegatos.
“Tres artículos que, si revisamos el total de la reforma, es una parte muy pequeña, pero es importante que se revise. Tiene que ver con el aseguramiento de bienes y ya nuestras áreas jurídicas lo están revisando y entendiendo”, aseguró.
Una vez que la Corte emita un fallo, “se cumplirá en todos sus términos”, también adelantó el también presidente de la Junta de Coordinación Política, aunque acotó que el Congreso va a “defender la postura”.
La CNDH, en ese sentido, pidió la inconstitucionalidad del artículo 60, al considerar que el Congreso del estado no puede legislar en cuestiones relativas al aseguramiento y decomiso de bienes, dado que es atribución del Congreso federal.
Además, sostiene que los artículos 155 y 183 Bis son ambiguos e imprecisos, evitando que se tenga claridad en cuál es la conducta prohibida. El artículo 155 establece prisión de uno a tres años a quien “cause una alteración psicológica o emocional que afecte las actividades cotidianas de una persona por manifestaciones que puedan producir cualquier daño a su persona, bienes, familia o con quien tenga vínculo de amistad, amor u otra relación de afecto”.
Por su parte, el 183 BIS establece sanciones de cuatro a 10 años de prisión a delitos relativos con el desmantelamiento de autopartes sin consentimiento, así como el tráfico de autos robados y documentos apócrifos.
