Amparo para que se respete tarifa de 8 pesos en transporte sienta precedente nacional, dice abogado

El amparo ganado por el ciudadano David Castillo para que se le respete la tarifa de 8 pesos, sienta un precedente nacional, indicó el abogado Cesar Tarello Leal, quien llevó el caso.

No obstante, el abogado consideró que hubo irresponsabilidad por parte del Instituto Queretano del Transporte (IQT) y de su consejo directivo, presidido por Francisco Domínguez Servién, por haber omitido el estudio socioeconómico que indicara el impacto económico que tendría en la ciudadanía el aumento de la tarifa realizado en diciembre de 2018,

“Se manejaron en la demanda diversas violaciones que procedían de este acuerdo por el que se da el incremento de tarifa, pero entre las más importantes es que, en el amparo que se gana, el Tribunal Colegiado estudia el fondo del asunto y encuentran que se incumplió el artículo 162 de la Ley de Movilidad“, apuntó el también académico de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ)en rueda de prensa.

De acuerdo al artículo 162 de la Ley de Movilidad, al que hace referencia Tarello Leal, el estudio técnico para determinar la tarifa deberá incluir la estimación de la demanda del servicio; inventario de los vehículos que prestan el servicio de que se trate; longitud del recorrido por ruta, en el caso del servicio público de transporte colectivo.

Además, deberá incluir cotizaciones de costos de refacciones, combustibles y mantenimiento; costos administrativos; análisis de la estructura de costos y tarifa para un vehículo de características promedio en la modalidad de servicio de que se trate; estudio de la inflación; impacto en la tarifa; diagnóstico del servicio que incluya el análisis de la oferta, la demanda y la relación entre sí; planes o compromisos para la mejora del servicio; y el estudio socioeconómico de la población usuaria del servicio.

César Tarello Leal, explicó que este amparo ganado sienta un precedente a nivel nacional, para que en caso de que haya más incrementos a la tarifa injustificados, la ciudadanía pueda reclamar al Estado y la justicia federal tendría que analizarlo.

Sin embargo criticó que la resolución llegara tres años después,.y recordó que en el 2003, ya se había intentado un proceso similar que fue desechado porque los usuarios no pudieron demostrar que sí usaban el transporte público, puesto que los tribunales pedían de pruebas los boletos del pasaje, algo que el transporte público no proporcionaba.

“Este amparo solo beneficia al quejoso, porque después de que se emite el acuerdo al incremto sólo se tenía 30 días hábiles o 15 días después del primer cobro del costo original y casi tres años después llega la resolución, y eso habla de un retraso en la justicia muy grave.“, indicó.

Añadió que si bien, ahora ya no es posible que la ciudadanía presente algún otro amparo por el incremento del 2018, principalmente por los plazos de tiempo, la ciudadanía puede presentar amenazas denuncia por responsabilidad administrativa contra el director del IQT, Alejandro Franco.

Por su parte, el diputado de Morena, Raúl Chávez Nieto, recordó que fueron 5 amparos los que se interpusieron en 2018, de los cuales solo 4 llegaron al debido procedimiento, siendo el del ciudadano David Castillo, el que obtuvo una respuesta favorable por parte del Tribunal colegiado del XXII circuito en materias administrativas y de trabajo.

Ahora, será el juzgado Quinto de Distrito de Querétaro quien deberá ratificar la decisión del Tribunal Colegiado y con ello el IQT deberá garantizar la tarifa de 8 pesos.

Sobre si se impulsaría alguna acción legal desde el grupo parlamentario de Morena para echar atrás el costo actual de la tarifa del transporte público, el diputado de Morena señaló que “ya es complicado, imposible no, pero sí complicado“, puesto que la LIX legislatura ya está por concluir.

Cabe destacar que, de acuerdo con el propio IQT, es falso que no haya existido un estudio socioeconómico, por lo que el organismo aseguró que el incremento está justificado.