Juez ordena aprehensión contra nueve implicados en caso Candiles

La Procuraduría General de Justicia del estado informó que elementos de la Dirección de Investigación del Delito (DID) cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de nueve personas -seis hombres y tres mujeres- quienes estuvieron implicados en la balacera de Candiles, por lo que la noche del jueves fueron internadas en el penal de San José El Alto.

La PGE precisó que sus efectivos cumplieron una orden obtenida por el Ministerio Público de un juez penal contra Alberto Machado, Roberto Ramos Miranda, Irving Jalil Oviedo Pagola, Jacinto Gutiérrez Hernández, Luz América Durán Paz, Luis Adrián Camacho Cabello, Mireya Vázquez Martínez, Ana Yeli Monreal Hernández y Raúl Álvarez Moreno por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de secuestro calificado, homicidio calificado y daños, entre otros.

En un recuento de los hechos, la PGJE recordó que el 18 de septiembre elementos de la DID realizaron un operativo para revisar un domicilio de la colonia Candiles.

“Cuando los moradores del inmueble se percataron de la presencia policial, accionaron armas de fuego para agredir a los investigadores, provocando el fallecimiento de uno y lesiones a tres más. Una vez que la agresión fue repelida, los agentes lograron el aseguramiento de los probables responsables y los pusieron a disposición del Ministerio Público”, relató.

Con la finalidad de obtener los medios probatorios necesarios, agregó el comunicado, así como indagar la posible participación de todos los imputados en otros hechos ilícitos, el Ministerio Público solicitó y obtuvo la medida cautelar de arraigo para los probables responsables, emitida por el Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal, dentro del cuaderno 4/2012.

De las indagatorias realizadas se advirtió la participación de algunos de los imputados en los hechos que motivaron el inicio de las averiguaciones previas A/194/2012 y I/1040/2012.

La primera de ellas está relacionada con el hallazgo de un cuerpo sin vida en la comunidad de Llano Largo, municipio de Amealco de Bonfil, el pasado 21 de agosto; mientras que la otra indagatoria se inició el 29 de agosto, a raíz de la aparición de dos cuerpos sin vida en el lugar conocido como Barrio de la Palma, perteneciente a la Comunidad de Saldarriaga, municipio de El Marqués.

Una vez que el Ministerio Público logró acreditar la probable responsabilidad de los imputados, solicitó y obtuvo de un juez penal las órdenes de aprehensión que fueron cumplimentadas bajo los siguientes términos:

• Por el secuestro calificado en agravio de Jonathan Nahim Becerra Espinoza, Noé de Jesús Mendoza Romero y Jonathan Rocha Sánchez, cinco hombres y una mujer fueron puestos a disposición del Juez. Dichas personas fueron sustraídas de un domicilio en la delegación Santa Rosa Jáuregui; dos de ellos fueron privados de la vida y un tercero fue reintegrado a su familia.

• Por el secuestro calificado en agravio de Juan José Solorio Ortiz, cuatro hombres fueron puestos a disposición del Juez.

• Por el homicidio calificado en agravio de Jonathan Rocha Sánchez, dos hombres fueron puestos a disposición del Juez.

• Por el homicidio calificado en agravio de Juan José Solorio Ortiz, dos hombres fueron puestos a disposición del Juez.

• Por el homicidio calificado en agravio de Pablo Ortega Aguilar (quien fuera elemento de la Dirección de Investigación del Delito), dos hombres y dos mujeres fueron puestas a disposición del Juez.

• Por el delito de homicidio en grado de tentativa, en agravio de tres ofendidos (elementos de la Dirección de Investigación del Delito), dos hombres y dos mujeres fueron puestos a disposición del Juez.

• Por el delito de daños dolosos, dos hombres y dos mujeres fueron puestos a disposición del Juez.

El comunicado de la PGJE añade que también fueron asegurados tres menores de edad: dos mujeres y un hombre.

“Este último tomó la determinación de privarse de la vida al encontrarse en el centro de internamiento para menores, mientras que las dos adolescentes de género femenino se encuentran a disposición de la autoridad especializada en justicia para adolescentes”, se indicó en el documento.

La Procuraduría añadió que a estas indagatorias se suman las investigaciones que realiza la delegación estatal de la Procuraduría General de la República, instancia que tomará sus propias determinaciones respecto a la situación jurídica de los imputados, por su probable responsabilidad en la comisión de delitos del fuero federal.