Querétaro tuvo un subejercicio de 39 mdp de recursos para seguridad en 2014: ASF

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) concluyó que el gobierno de Querétaro incumplió las metas establecidas para el desempeño de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), que el estado recibió en 2014; y que en total sumaron poco más de  156 millones 582 mil pesos.

“Existen recursos no ejercidos al 30 de junio de 2015, lo que generó un subejercicio del 24.3% de los recursos ministrados; obra pública no terminada en tiempo, y la falta documental del acta entrega recepción del sistema de videovigilancia e incumplimientos en materia de transparencia” señala la ASF en el Informe de la Cuenta Pública de 2014, entregado a la Cámara de Diputados.

La Auditoria también precisó que al 31 de diciembre de 2014, la entidad federativa no había ejercido ni pagado el 61.2% de los recursos transferidos,  y al 30 de junio de 2015 el importe total de recursos no ejercidos fue de 39 millones 157 mil 900 pesos.

“se determinó que, al 31 de diciembre de 2014, sólo se había alcanzado el 77.5% de las metas programadas, y en 2014, el número de delitos cometidos por cada 1,000 habitantes fue de 15.8 (…) En conclusión, el estado no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del FASP, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron cabalmente sus objetivos y meta”.

Incidencia delictiva

Y mientras la ASF reporta que hubo un subejercicio en los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, la incidencia en el número de robos de vehículos entre 2013 y 2014 aumentó en más del 40 por ciento.

De acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), el número de denuncias por robo de vehículo con y sin violencia en Querétaro pasó de 2 mil 825 en 2013, a 4 mil en 2014.

Qué es el FASP?

Según el portal del SNSP, los recursos del FASP se usan para:

Reclutamiento, formación, selección, evaluación y depuración de los recursos humanos vinculados con tareas de seguridad pública.

Equipamiento de las policías judiciales o sus equivalentes, peritos, ministerios públicos, policías preventivos o custodios de centros penitenciarios y de menores infractores.

Establecimiento y operación de la red nacional de telecomunicaciones e informática para la seguridad pública y servicio telefónico nacional de emergencia.

Construcción, mejoramiento o ampliación de instalaciones para la procuración e impartición de justicia, centros penitenciarios y de menores infractores, e instalaciones de los cuerpos de seguridad pública y sus centros de capacitación.

Seguimiento y evaluación de los programas señalados.