El Marqués reporta detenciones por portar licencias y permisos de circulación falsos
La Policía Municipal alertó sobre fraudes en redes sociales y páginas de Internet que ofrecen tramitar documentos vehiculares y enviarlos por paquetería; advirtió que portar documentación apócrifa puede derivar en consecuencias penales
Conductores fueron detenidos en El Marqués por portar documentación vehicular presuntamente apócrifa, entre ella licencias de conducir y permisos para circular falsificados, informó la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).
La dependencia advirtió que el uso de documentos falsos constituye un delito que puede derivar en un proceso penal y consecuencias que incluyen penas de prisión.
Ante estos casos, la SSPM recomendó realizar los trámites vehiculares únicamente a través de los canales institucionales y de manera presencial en los módulos autorizados por las autoridades correspondientes.
La corporación alertó particularmente sobre páginas de Internet, aplicaciones y publicaciones en redes sociales que ofrecen gestionar licencias de conducir mediante el envío de datos personales y fotografías para posteriormente entregar el documento por paquetería.
De acuerdo con la dependencia, es falso que una licencia de conducir legítima pueda obtenerse mediante este procedimiento.
Asimismo, exhortó a la población a evitar compartir datos personales, información de sus vehículos y otros datos sensibles con terceros, debido al riesgo que esto puede representar para la seguridad y el patrimonio de las personas.
La SSPM señaló que ninguna página web externa o cuenta de redes sociales ajena a las instituciones oficiales está autorizada para tramitar, expedir y enviar permisos de circulación a domicilio.
Por ello, llamó a la ciudadanía a verificar que cualquier trámite se realice exclusivamente mediante los canales institucionales correspondientes y evitar adquirir documentación vehicular ofrecida a través de redes sociales.
Finalmente, la corporación reiteró que adquirir o portar documentos falsificados, además de representar una afectación económica para quienes son víctimas de fraude, puede derivar en responsabilidades penales.


