Toman protesta a Consejo Directivo de abogados penalistas en Querétaro
Autoridades estatales encabezaron la toma de protesta del Colegio de Abogados Penalistas y firmaron un convenio para brindar asesoría jurídica gratuita a personas vulnerables
El secretario de Gobierno de Querétaro, Eric Gudiño Torres, encabezó la toma de protesta del Consejo Directivo del Colegio de Abogados Penalistas del Estado de Querétaro A.C., acompañado por el presidente del Poder Judicial, Braulio Guerra Urbiola, y el fiscal general del estado, Víctor Antonio de Jesús Hernández.
Durante el acto, se formalizó la integración del organismo que será presidido por Edgardo Olvera Bocanegra, quien asumió el compromiso de conducir los trabajos del gremio con integridad y apego a la legalidad.
En el evento, el funcionario estatal reconoció la labor de las y los abogados penalistas en la entidad, al destacar su experiencia, preparación y contribución al fortalecimiento del sistema de justicia.
Como parte de la ceremonia, también se firmó un convenio de colaboración entre la Secretaría de Gobierno del Estado de Querétaro y este colegio, con el objetivo de brindar orientación, asesoría y representación jurídica en materia penal sin fines de lucro, en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad.
“Hemos definido, ambas partes, que la orientación y asesoría jurídica deben darse a las personas vulnerables que requieran información sobre sus derechos y el desarrollo de sus procedimientos en el Sistema de Justicia Penal”, señaló Eric Gudiño.
El secretario explicó que, aunque el colegio participará activamente en la prestación de estos servicios, el Gobierno del Estado, a través del Instituto de la Defensoría Penal Pública, complementará el trabajo para garantizar atención profesional y gratuita.
Por su parte, Edgardo Olvera Bocanegra subrayó el compromiso de los integrantes del colegio para actuar con honestidad y responsabilidad hacia sus representados y las autoridades.
El convenio contempla tres ejes principales: brindar orientación jurídica en materia penal, ofrecer asesoría especializada con acompañamiento profesional y desarrollar actividades de capacitación y difusión de derechos para fortalecer la cultura de la legalidad en la entidad.
