“La vivienda no es solo un techo”: Lorena García llama a garantizar certeza y segurad

Durante la sesión de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Congreso Federal, la legisladora por Querétaro, Lorena García afirmó que la política de regularización del suelo debe ir más allá de la entrega de escrituras y convertirse en una estrategia integral que garantice seguridad jurídica, patrimonial y física para las familias mexicanas.

En su intervención, reconoció los avances del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), que ha entregado 10 mil escrituras y mantiene otras 10 mil en proceso, como parte de más de 562 mil acciones realizadas a nivel nacional. No obstante, advirtió que el rezago histórico y la realidad social del país demandan un enfoque más profundo.

“La vivienda no es solo un techo; es el patrimonio de una familia, es estabilidad, es tranquilidad. Cuando una familia no tiene certeza jurídica, vive en incertidumbre. Y cuando además está asentada en una zona vulnerable, vive en riesgo”, expresó.

García subrayó que uno de los principales desafíos es la ocupación de terrenos en zonas susceptibles a desastres naturales o con condiciones de vulnerabilidad, donde la regularización no puede limitarse a un trámite administrativo.

“No podemos regularizar sin revisar las condiciones legales y físicas del suelo. La seguridad de las familias está primero. No se trata solo de entregar papeles, sino de garantizar que ese patrimonio sea seguro en todos los sentidos”, sostuvo.

La legisladora también destacó que en México solo el 50 % de la demanda potencial de vivienda encuentra solución a través de mecanismos formales, mientras que el resto deriva en asentamientos irregulares o situaciones de hacinamiento. Esta situación, dijo, obliga a replantear la política pública para evitar que millones de familias queden fuera del acceso formal a la vivienda.

En el caso de Querétaro, mencionó que una parte importante de las viviendas se construye mediante autoproducción, por lo que consideró indispensable que el Estado garantice suelo adecuado, con servicios básicos y condiciones legales claras, a fin de evitar riesgos jurídicos y territoriales.

Finalmente, hizo un llamado a fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y el trabajo legislativo para frenar la venta clandestina de terrenos y prevenir nuevos asentamientos irregulares.

“La seguridad de una familia no puede depender de la informalidad. Necesitamos una política que prevenga riesgos, que dé certeza jurídica y que garantice un entorno seguro para que las niñas, los niños y las futuras generaciones crezcan con estabilidad”, concluyó.