“Tenemos el deber moral de atender” investigación del FGR: rectora de la UAQ sobre investigación de rectorado de Gilberto Herrera
-La Universidad Autónoma de Querétaro colabora con la Fiscalía General de la República en la indagatoria por presunto desvío de recursos en la gestión de Gilberto Herrera Ruiz; sin embargo, la rectoría no ha separado a ningún funcionario ni revelado cuántos siguen activos
En respuesta a las recientes diligencias de la Fiscalía General de la República (FGR) dentro de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), la rectora Silvia Amaya Llano afirmó que la institución ha respondido a las solicitudes de información con base en los principios de transparencia y legalidad.
“Sí creo tener el deber, inclusive el deber moral, de atender todas estas solicitudes para que se resuelvan”, expresó.
La investigación federal se originó en diciembre de 2020, durante la administración anterior, a partir de una denuncia presentada por el entonces contralor universitario. El caso involucra presunto desvío de más de 300 millones de pesos provenientes de fondos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), durante el periodo en que el actual diputado federal por Morena, Gilberto Herrera Ruiz, fungía como rector de la UAQ.
Amaya Llano detalló que es la oficina del abogado general la encargada de canalizar toda la información requerida por la FGR, y reiteró que el caso no es nuevo:
“Esta denuncia se inició en el 2020 en la administración anterior por quien era en su momento el contralor de la universidad… no es un proceso nuevo”.
Cuando fue cuestionada sobre cuántos de los señalados siguen activos dentro de la universidad, respondió:
“Muchos de los universitarios siguen activos, pero no le puedo dar el número porque no lo tengo”.
Recursos de Conacyt son gestionados por investigadores; rectora pide no señalar a Gilberto Herrera
El caso Gilberto Herrera
De acuerdo con diversas notas periodísticas, la denuncia fue presentada por el excontralor Alejandro Ramírez Reséndiz ante la FGR por la presunta triangulación de más de 300 millones de pesos que no habrían sido destinados a proyectos académicos. Las transferencias presuntamente simulaban convenios con terceros bajo el esquema identificado en otros casos como “Estafa Maestra”.
Gilberto Herrera, actual legislador federal, ha negado las acusaciones y sostiene que todos los recursos fueron auditados y solventados. No ha sido citado formalmente por la FGR, y su cargo como diputado le otorga fuero constitucional.
Mientras tanto, el PAN estatal ha solicitado que el Congreso valore retirarle el fuero para permitir que el proceso avance sin protección política. Por su parte, Morena y figuras cercanas al exrector han acusado una campaña de desprestigio.
