Disminuyen 34% reclamos de la burocracia por despidos: Tribunal de Conciliación y Arbitraje

Los procedimientos iniciados por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de burócratas contra el gobierno del estado han disminuido un 34 por ciento, informó Ignacio Aguilar Ramírez, magistrado presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado, quien agregó además que el 50 por ciento de estas quejas se han resuelto con convenios entre las partes.

“En comparación con los años anteriores, hemos tenido una disminución de los procedimientos iniciados en el tribunal, ya que el promedio en la administración anterior fue de tres mil 500. Si bien es cierto que hemos tenido cerca de dos mil 300 procedimientos iniciados ante el tribunal, más del 50 por ciento (alrededor de mil 150) fueron resueltos en convenio”, subrayó el magistrado.

En ese sentido, el magistrado consideró que esta disminución podría deberse a que disminuyó la rotación de personal iniciada por la propia administración pública, situación que contrasta con lo que sucedió en tiempos prepandemia y durante la pandemia.

“La disminución obedece a que ha habido menos movimiento de los trabajadores en las entidades, es decir, ha habido menos rotación de personal, lo cual ha provocado que haya menos procedimientos iniciados. Esto a diferencia de la administración anterior, que por razones de reacomodo y demás hubo mayor rotación en todas las entidades públicas del estado“.

Asimismo, aseguró que esta disminución se ha venido registrando desde que en 2016 llegaron a un poco máximo de siete mil, esto durante el primer año del gobierno de Francisco Domínguez, lo que destaca a Mauricio Kuri como un gobernador que evitó los conflictos con los trabajadores del estado, pues en su primer año solo tuvo el 33 por ciento de los conflictos con el Tribunal que tuvo Domínguez, una disminución del 67 por ciento.

“En tiempos prepandemia fueron tres mil 500 en promedio. De hecho en 2016 tuvimos hasta siete mil, que fueron disminuyendo gradualmente a los números que tenemos actualmente. Conforme han pasado los años ha venido disminuyendo a partir de 2016, porque antes de 2016 el Tribunal tenían muy pocos asuntos”, subrayó.

Asimismo, recordó que estos procedimientos se inician cuando algún trabajador inicia una queja por despido injustificado por parte de la administración pública, pidiendo ya sea la indemnización constitucional, es decir, la liquidación, y que corresponde a tres meses de salario por indemnización; 20 días de sueldo por cada año trabajado; prima de antigüedad equivalente a 12 días de salario por cada año trabajado; pago de partes proporcionales de aguinaldo; vacaciones y prima vacacional; y otras prestaciones acumuladas por el trabajador que no hayan sido liquidadas por el empleador; o ya sea la opción alternativa a la liquidación, ser reinstalado en su puesto.

“La mayoría de los procedimientos son producto de reclamos por despido injustificado, ya sea que reclaman la indemnización constitucional o la reinstalación”, aclaró.