Tres años sin concretarse una ley de protección a periodistas en Querétaro
Durante los últimos meses se han estado discutiendo iniciativas distintas, aún sin resultado

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Han pasado más de 3 años y la intención de los legisladores locales queretanos, actuales y pasados, de aprobar una ley de protección a periodistas en el estado de Querétaro no se ha podido concretar, siempre por una constante: la falta de inclusión.
La discusión de la iniciativa inició con la pasada legislatura, la LVII, en la que Braulio Guerra Urbiola, diputado priista, encabezó los esfuerzos por aprobar esta ley, sin resultado alguno. Tras varias mesas de diálogo, tras varios descontentos, los diputados no lograron el consenso con los periodistas de la entidad y terminaron por sepultar dicha “la intención”.
Apenas llegó la reciente legislatura, la LVIII, y los diputados afirmaron que retomarían los trabajos. Pasó un año y nada avanzó; si no hasta los asesinatos constantes de periodistas en distintas entidades del país que llevó a que todos los gobernadores de México mantuvieran una reunión con el presidente de la nación, Enrique Peña Nieto, y acordaran la implementación de mecanismos eficaces para la protección no sólo de periodistas, si no también de defensores de derechos humanos.
El 23 de mayo de 2017, el gobernador Francisco Domínguez afirmó que sería la Secretaría de Gobierno del estado la encargada de crear una iniciativa de ley de protección a periodistas que sustituiría a la presentada, en su momento, por la pasada Legislatura local. En aquella ocasión, afirmó que una vez que estuviera lista la iniciativa sería dado a conocer el protocolo de protección.
Un día después, Juan Martín Granados Torres, secretario de Gobierno del estado, informó que como parte del mecanismo de protección a periodistas, se crearía en el estado de Querétaro una fiscalía especializada para la protección de periodistas y defensores de derechos humanos, la cual dependería de la fiscalía general. A la fecha, no existe dicha área.
Un mes después, el diputado local Mauricio Ortiz Proal, líder del grupo parlamentario del PRI, presentó una iniciativa de ley para la protección de periodistas y defensores de derechos humanos; la ley consta de 40 artículos que contemplan la creación de un mecanismo local de protección, el establecimiento de un seguro de vida, así como un fondo de apoyo a periodistas en caso de incapacidad. Esta propuesta fue rechazada por la mayoría de los representantes del gremio periodístico.
En septiembre de 2017, el titular de la Secretaría de Gobierno del estado de Querétaro anunció que contaba ya con un primer borrador de la Ley de Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, tras varios foros realizados; lo cierto es que los periodistas en campo nunca fueron llamados a este tipo de actividades.
El tiempo pasó, los diputados se concentraron en las reformas de creación del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), y fue hasta el pasado mes de enero, en la administración que encabeza el panista Antonio Zapata Guerrero, cuando en la pasada sesión de la Comisión de Participación Ciudadana de la Legislatura se dio cuenta de dos iniciativas de ley en la materia: la del PRI, archivada desde hace meses, y una reciente: del grupo parlamentario del PAN.
Zapata Guerrero afirmó que la intención es contar con una ley a más tardar el mes de febrero. Días más tarde aseguró que tomaría en cuenta la voz de todos los involucrados en la ley.
Los periodistas en Querétaro nos inconformamos, rechazamos la aprobación de una iniciativa creada, incluso reconocido por el mismo Zapata Guerrero, sin un diagnóstico de las condiciones para ejercer el periodismo en la entidad. Por ello, tras una reunión llevada a cabo con él y la diputada Daesy Hinojosa, se acordó comenzar los trabajos de discusión, siempre y cuando se cuente con dicho diagnóstico.
Ante los retrasos que ha tenido el Congreso, el gobernador del Estado, Francisco Domínguez, afirmó que ésta ley deberá quedar aprobada antes de las elecciones pues en octubre será renovado el Congreso local; de no concretarse nada, señaló, el Ejecutivo del estado mandaría una iniciativa.
La pregunta es ¿cuál es la prisa por aprobar una ley sin consenso con quienes en Querétaro han sido víctimas de todo tipo de violencia por ejercer el periodismo en la entidad?