Líder parlamentario del PRI presentará iniciativa para proteger periodistas

El diputado local Mauricio Ortiz Proal, líder del grupo parlamentario del PRI, presentará una iniciativa de ley para la protección de periodistas y defensores de derechos humanos para la cual buscarán que en un máximo de 15 días se den mesas de trabajo.

Al respecto, el legislador indicó que el proyecto de ley consta de 40 artículos en los cuales se contempla la creación de un mecanismo local de protección, el establecimiento de un seguro de vida, así como un fondo de apoyo a periodistas en caso de incapacidad.

“Creo que en Querétaro en términos generales se puede desarrollar la labor periodística sin mayor problema no estamos exentos a que en cualquier momento a que esta condición pudiera cambiar, a que las cosas pudieran ser distintas y es con esta intención que hemos decidido presentar este proyecto de ley, es un cuerpo legal constituido por 40 artículos”, indicó.

El mecanismo local estaría integrado por las acciones para garantizar la vida, integridad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo, y de acuerdo con el dictamen, quienes ejecutarían el mecanismo sería una junta de gobierno, que se compondría del secretario de Gobierno, un representante de la Fiscalía General del Estado, un representante de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la Defensoría de los Derechos Humanos, de la Secretaría de Salud y dos ciudadanos expertos en temas de derechos humanos y periodismo.

En el dictamen, de acuerdo al artículo 27 del dictamen que el diputado llevó a la Oficialía de Partes, se establecería que “los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los organismos autónomos, municipios y demás entidades públicas, adquirirán un seguro de vida para las personas que lleven a cabo sus labores periodísticas en cada una de éstas, para los cual las áreas competentes de comunicación social o afines realizarán un registro que incluya como mínimo el nombre, medio informativo para el cual trabaja y su acreditación correspondiente”.

En cuanto a sanciones se refiere, se establecerían responsabilidades administrativas, y en caso de riesgo o daño a las personas defensoras de derechos humanos o periodistas, se establecería una condena de dos a nueve años de prisión y de hasta cuatrocientos días de multa, además de destitución e inhabilitación de dos a nueve años para desempeñar un cargo público, en el caso de servidores públicos.

El legislador indicó que esperará a que se realicen las propuestas tanto del gobernador del estado Francisco Domínguez Servién como de las otras fuerzas políticas para establecer coincidencias y que se concrete un dictamen de acuerdo a las necesidades de la entidad.