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“Aplicación de Sistema de Justicia Penal Adversarial no ha derivado en liberación de delincuentes”: Diputado

Por Karen Munguía - 07/09/2017

No obstante, Luis Antonio Rangel Méndez, diputado presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Querétaro, reconoció que lo que sí existe es malestar en la ciudadanía ante el hecho de que los delincuentes enfrenten su proceso en libertad

 “Aplicación de Sistema de Justicia Penal Adversarial no ha derivado en liberación de delincuentes”: Diputado

Foto: Archivo

En el estado de Querétaro no ha habido fallas en la aplicación del Sistema de Justicia Penal Adversarial que deriven en la liberación de delincuentes, afirmó Luis Antonio Rangel Méndez, diputado presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Querétaro, quien reconoció que lo que sí existe es malestar en la ciudadanía ante el hecho de que los delincuentes enfrenten su proceso en libertad.

En entrevista, el legislador de Acción Nacional indicó que no sólo a nivel federal se están replanteando la integración de algunos delitos al Código Penal federal, aunque señaló que éste análisis debe ser exhaustivo para evitar que todos los procesos delictivos se lleven en prisión, pues no sería viable.

No ha habido liberación de delincuentes por fallas en el sistema, lo que sí ocurre es que posibles o presuntos delincuentes llevan su proceso en libertad, porque el código penal así lo prevé, porque los delitos no se consideran como graves porque hay un catálogo limitado de delitos que no alcanzan fianza. Lo que se está repensando es ese catálogo de delitos, si se amplía y hasta dónde se amplía”, indicó.

El legislador panista afirmó que en el caso de Querétaro se cuenta con una comisión integrada por la Fiscalía General del Estado, Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Defensoría de Derechos Humanos del estado, así como el poder legislativo, que se encarga de supervisar los alcances y resultados del nuevo sistemas de justicia penal.

Al respecto, indicó que es el Poder Judicial, la fiscalía, el Poder Ejecutivo y los municipios quienes cuentan con estadística sobre la incidencia delictiva y los resultados de la aplicación de este modelo de justicia.


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