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PRI obligará a precandidatos y candidatos a presentar declaración #3de3

Por Karen Munguía - 30/07/2017

Braulio Guerra Urbiola, diputado federal por Querétaro, señaló que será el primer partido que contemplará este rubro dentro de sus estatutos

 PRI obligará a precandidatos y candidatos a presentar declaración #3de3

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) será el único partido político que, en sus estatutos, obligará a los precandidatos y candidatos a un cargo de elección popular a presentar su declaración patrimonial, fiscal y de no intereses, mejor conocida como #3de3, aseveró Braulio Guerra Urbiola, diputado federal por Querétaro.

Hoy quienes son servidores públicos tienen ya la obligación de presentar su declaración patrimonial, su no conflicto de intereses y su declaración fiscal. Lo que será un hecho es que el PRI tendrá en sus estatutos, será el primer partido que obligue a los candidatos que apenas quieren estar en el cargo público a presentar su 3de3”, dijo.

Entrevistado sobre esta propuesta de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), el legislador refirió que aprobarla permitirá al partido, además, ser preventivo, pues esto les permitirá a los ciudadanos saber quién es la persona desde su postulación.

El legislador priista añadió que este tipo de medidas deberían adoptarlas el resto de los partidos políticos y que aplique no sólo para servidores públicos, sino para todos los candidatos. Al respecto, reconoció que en el PRI existen casos, que calificó como vergonzosos, “como el Duarte o Borge”.

Los partidos se deben comprometer desde adentro a denunciar, así sea del mismo partido, a evaluar, examinar y establecer controles de confianza internos para establecer que esa persona a la que le da confianza no lo defraude, y no defraude a la ciudadanía”, comentó.

El PRI, además, plantea la posibilidad de contar con medidas precisas contra la corrupción y a favor de la transparencia, la creación de un fiscal partidista, de una secretaría de seguimiento de promesas de campaña y de una comisión de ética partidista a nivel nacional, con el objetivo de garantizar las sanciones de abusos sin llegar a una cacería de brujas.


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