Abel Magaña pagó fianza y llevará el procedimiento en libertad; no puede salir del país: fiscal anticorrupción
El monto del daño al erario público que habría provocado es “considerable”, de acuerdo con Benjamín Vargas, fiscal anticorrupción de Querétaro, quien sin embargo no dio el dato exacto porque se puede modificar en los próximos tres meses
Abel Magaña Álvarez, excoordinador de Comunicación Social del gobierno del estado de Querétaro en la administración de José Calzada Rovirosa, obtuvo la libertad bajo fianza tras depositar una garantía, sin embargo, sigue vinculado a proceso y en tres meses se resolverá la investigación complementaria sobre la imputación que tiene en su contra por el delito de enriquecimiento ilícito, y por la que fue detenido este lunes, aseguró Benjamín Vargas Salazar, titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción.
El funcionario aseguró que el juez de la causa garantizó medidas para que el hoy imputado no se sustraiga de la justicia, y entre ellas está que no puede salir del país mientras dura el procedimiento.
“Hay una cantidad considerable, se puede mover de acuerdo a la investigación en estos tres meses que la autoridad judicial nos otorgó”, explicó el fiscal anticorrupción sobre el monto del daño al erario público que habría provocado.
La investigación, explicó Benjamín Vargas, se inició en el ámbito administrativo en la Secretaría de la Contraloría tras dar cuenta de su situación patrimonial, en la que hay discrepancias entre su patrimonio y sus ingresos como funcionario público, entre 2010 y 2015.
El fiscal anticorrupción explicó que el hoy imputado puede acudir a medidas alternativas como un procedimiento abreviado en el que tendría que aceptar su culpabilidad a cambio de una pena menor. El delito de enriquecimiento ilícito, por el que está imputado y a la espera de que se le formula una acusación, tiene una pena de tres a 10 años de prisión.
Finalmente, Benjamín Vargas garantizó que el proceso carece de condicionantes políticas, y se trata de un asunto técnico que se persigue por el presunto daño al erario público que provocó cuando fue funcionario público, independientemente de a qué administración perteneció.