El silencio de los fusiles en Colombia (o todo lo que necesita saber sobre los acuerdos de La Habana)

Por: Estefanía Ciro

La firma del Acuerdo de Cese de Hostilidades

La noticia de la inminente firma del acuerdo de cese de hostilidades se había extendido por las noticias un día antes; los vuelos a Cuba desde Colombia trasladaban la expectativa de todo el país que se preguntaba qué iba a firmarse, mientras el presidente Santos, en camino a la isla también, envió un mensaje por twitter: «Rumbo a la Habana a silenciar para siempre los fusiles. #SíALaPaz».

A eso de las 11:00 a.m. se empezó a ocupar el Salón de Protocolo ‘El Laguito’ de La Habana por miembros de los grupos negociadores del gobierno de Colombia y de la guerrilla, con la presencia de Juan Manuel Santos y el Jefe del Secretariado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) Timoleón Jiménez, alias ‘Timochenko’. También se ubicaron los miembros de los equipos acompañantes y garantes con sus presidentes y primeros ministros, quienes fueron testigos directos de la ceremonia, entre ellos Michelle Bachelet, Nicolás Maduro y Raúl Castro.

Además de la presencia de otros líderes de América Latina y Europa, de senadores, ministros y políticos colombianos, el hálito de la trascendencia internacional de la firma la dio la presencia de Ban Ki-Moon, el Secretario General de las Naciones Unidas. La mayoría vestidos de blanco, esperaban con una mezcla de ansiedad y esperanza este acuerdo.

Parte de la locura de la guerra es que amarra a las sociedades a unos estados emocionales esquizofrénicos. Hace una década, durante la presidencia de Uribe Vélez, estábamos bombardeados por las noticias de los militares y los políticos secuestrados por las FARC y en el lenguaje cotidiano todos hablábamos de ‘la prueba de supervivencia’, el miedo a los bombardeos, las lágrimas y las cartas de los familiares, la renuencia del presidente por negociar y escuchar a las víctimas, el cruel trato de la guerrilla a los secuestrados, la espera de las coordenadas, los chalecos de la Cruz Roja y las ruedas de prensa de los recién liberados. Todos, al frente de la televisión, llegábamos a conocer perfectamente estos protocolos y hasta a naturalizarlos; pasábamos de la tristeza más profunda a la dicha de verlos vivos en un solo día.    

Afortunadamente, hoy son otras las ceremonias, los procedimientos. Después de más de tres años de negociaciones, los colombianos nos familiarizamos con la mesa larga que ocupan los protagonistas de la firma, las manos que se estrechan, las guayaberas blancas, la lectura de los acuerdos por parte de los representantes de los países garantes, los discursos de los invitados centrales y, por supuesto, de los protagonistas. Estamos más atentos a las formas, los contenidos, el compromiso, los guiños, los mensajes entre líneas de quienes intervienen. También hay otras noticias, ya no solo se habla de la guerra: nos enteramos que han muerto miles de niños de hambre en el norte del país, debatimos de derechos de la comunidad LGBT y de los conflictos socio-ambientales.

Esa mañana, ‘Timochenko’ terminó su intervención diciendo que «el acuerdo de cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo es leído por todo el mundo como el fin de la confrontación armada en Colombia. Así sea. Confiamos en celebrar en un plazo prudencial otro acto solemne, la firma del acuerdo final: que este sea el último día de la guerra». Le siguió el presidente Santos que, rompiendo el protocolo, insistió en que «esta es la paz de los colombianos, de todos, sin excepción, la paz que soñamos y esperamos por tantos años. Y gracias a Dios ya no es un sueño, la sentimos en nuestras manos al tiempo que vemos alejarse para siempre la pesadilla de la guerra. La paz se hizo posible. La paz es posible. Ahora vamos a construirla».  Apenas terminó, el Salón ya había estallado en aplausos y a pesar del normal escepticismo, en Colombia también se celebró.

A partir de ese momento fue noticia mundial. Nos acerca más al día de la firma del Acuerdo Final cuyo nombre debería ser replanteado: no termina algo sino inicia todo, es más un acuerdo originario, un punto naciente.

Es difícil comprender la magnitud de este acto dentro y fuera del país en parte por las reacciones exacerbadas en contra, tanto de la guerrilla, como del estado colombiano.  Este artículo pretende dar pistas para reflexionar sobre qué enfrenta Colombia en un escenario de posconflicto cada vez más cercano, y para eso es inevitable conocer cómo llegamos hasta la mesa de negociación.   

Resistencia Campesina

El 9 de Abril de 1948, Bogotá cayó en llamas. Un conflicto latente entre el partido Liberal y el Conservador que había desandrado el campo colombiano se trasladó a las ciudades y se convirtió en una guerra abiertamente declarada cuando fue asesinado Jorge Eliécer Gaitán, candidato a la presidencia del partido Liberal, un orador que hacía estallar las plazas públicas con sus denuncias ante las violaciones y asesinatos a los campesinos, y que se planteaba como una amenaza para las élites políticas y económicas tradicionales.

Su asesinato desencadenó ‘El Bogotazo’, un terremoto humano que devastó la ciudad y se extendió al resto del país. En ese momento inició lo que es considerado en Colombia como La Violencia, una guerra ‘abuela’ de la que nosotros somos nietos y las FARC es resultado, y que cobró 200 mil vidas. Todos los colombianos tenemos en nuestras familias las historias de escapes, de desplazamiento, de asesinatos y de la brutalidad de esta gran guerra; medio país ha sido construido por los campesinos que huyeron de sus fincas para sobrevivir, colonizando las selvas y los llanos.

Las FARC nacen de dos contradicciones claves: en primer lugar, la lucha por la tierra, la causa central del conflicto armado en Colombia y cuyas consecuencias han sido grandes procesos de despojo campesino que ahondan la concentración de tierra. Los datos más recientes indican que el índice de GINI nacional pasó de 0.886 en el 2000 a 0.874 en 2012 (1 significa que es completamente desigual). En el 2011, el 1.6 por ciento de los propietarios del país tenían el 43.9 por ciento de la propiedad agraria, mientras el 54.1 por ciento tiene apenas un área de 3.4 por ciento de las tierras.

En segundo lugar, la guerrilla surge de los obstáculos en el escenario nacional para hacer política por parte de los partidos de izquierda. Fue la época de la Revolución Cubana y de la Guerra Fría, y las ideas socialistas y comunistas se regaron por toda América Latina al igual que la represión desatada para acallarlas. Las élites de los partidos Liberal y Conservador se hicieron cada vez más cercanas mientras surgieron disidencias del partido Liberal conectadas al comunismo.

La estrategia de las élites para acabar La Violencia que concibieron los partidos fue el llamado Frente Nacional, un ejercicio de alternancia del poder entre los dos partidos que se repartían la presidencia cada cuatro años y que duró de 1958 hasta 1974. De ahí que las raíces de los movimientos políticos disidentes y de oposición no encontraran una puerta de entrada en la actividad política (monopolizada por los dos partidos que crearon una máquina clientelar efectiva), y por el contrario fueran duramente perseguidos. En esta época se prohibió también el Partido Comunista.

Las FARC es entonces es una guerrilla comunista y campesina. La resistencia que le dio vida estaba conformada por víctimas de los ejércitos conservadores y terratenientes denominados ‘los pájaros’ y ‘chulavitas’. Los sucesos que le dan cada vez más carácter de guerrilla tienen que ver con el ataque de los gobiernos colombianos a las ‘repúblicas independientes’, comunidades agrarias en forma de autodefensas que buscaban protegerse del ataque de los ejércitos conservadores y creaban formas económicamente viables para la agricultura. Estos ‘experimentos’ agrícolas, como el de Marquetalia y Riochiquito, fueron bombardeados y destruidos, lo cual radicalizó a estos grupos que le apostaron a la violencia como forma política de expresión. 

‘La horrible noche’: narco-paramilitarismo y fallidos intentos de diálogos de paz

Así llegó la nefasta década de 1980 a Colombia, con dos elementos que irrumpieron en la vida política y económica del país: el narcotráfico y el paramilitarismo. Los últimos 30 años han estado marcados por estos factores que agudizaron la violencia y por los acercamientos (fracasados) para darle una salida política al conflicto armado. 

La llegada del narcotráfico puso a Colombia en la mira de la política global contra las drogas, como ocurrió también con Perú y Bolivia. La semilla de coca se empezó a cultivar a finales de la década de 1970 por los campesinos en las selvas de Colombia quienes, a falta de una economía campesina viable, encontraron en ella una manera de sobrevivir y mejorar. Estos mismos campesinos convivían con las FARC, quienes inicialmente prohibieron el cultivo al considerarlo una estrategia imperialista, pero tras la negativa campesina tuvieron que ceder; no podían pelear con su base social. Poco a poco su papel como formadores ideológicos y comunitarios se volvió más policivo, regulando los intercambios y conflictos locales. Luego empezaron a aplicar impuestos sobre la actividad cocalera y a controlar el acceso de los compradores de pasta base a estos territorios. 

También fue la década de los grandes capos. Pablo Escobar, parte del cartel de Medellín, inició la carrera que lo llevaría a convertirse en el narcotraficante más famoso de la historia. A la par surgieron sus enemigos, el cartel de Cali, y una guerra entre ellos, contra el estado y contra las guerrillas estalló. A pesar de que la muerte había azotado al país por décadas en las áreas rurales, por primera vez el temor del terrorismo del narcotráfico se sintió en la ciudades mientras el paramilitarismo, en alianza con los narcotraficantes, inició una campaña anti-insurgente en el campo colombiano. Uno de los conflictos de estos con las FARC era el control de la economía cocalera. 

Las consecuencias de esta alianza narco-paramilitar fueron nefastas para la dinámica política del país que poco a poco iba abriéndose. Por un lado, se infiltró en las cúpulas del estado colombiano y jefes militares, mientras desplegaban una estrategia de terror contra los movimientos populares. Un ejemplo claro fue el asesinato de tres candidatos presidenciales de la campaña de 1990: a Luis Carlos Galán del Partido Liberal, Bernardo Jaramillo Ossa de la Unión Patriótica y a Carlos Pizarro del desmovilizado grupo guerrillero M-19.

Las negociaciones de paz iniciaron en esa época. Un primer acercamiento entre el gobierno colombiano y las FARC lo hizo el presidente Belisario Betancur (1982-1986). Entre las apuestas políticas más arriesgadas de las FARC estuvo la Unión Patriótica, un partido político que servía como transición a la política hacia la legalidad de este movimiento armado, pero que fue objeto de genocidio político al ser asesinados más de 3,500 de sus militantes. Estos hechos radicalizaron el escepticismo de las FARC por la salida negociada al conflicto y le apostaron con mayor ahínco a la lucha armada. La falta de una agenda clara, sumada a este hecho de violencia, hizo que los diálogos se rompieran en 1986.

Un segundo acercamiento estuvo dirigido por el presidente César Gaviria (1990-1994), quien dinamizó la discusión sobre la salida política al conflicto por medio de la Asamblea Nacional Constituyente, la cual sentó en una mesa de diálogo a diferentes grupos guerrilleros. La participación de las FARC se vio interrumpida cuando Gaviria bombardeó Casa Verde, la sede del Secretariado de la guerrilla, el 9 de Diciembre de 1990. La respuesta de la guerrilla fue aumentar los ataques militares lo que llevó al gobierno a plantear la posibilidad de una nueva negociación que se realizó en Caracas (Venezuela) y en Tlaxcala (México). Estos diálogos tampoco prosperaron y la década de 1990 se convirtió en el momento de la degradación de la guerra con la expansión de los grupos paramilitares y la respuesta de la guerrilla. 

El año de quiebre del conflicto armado fue 1998. Por un lado iniciaron las negociaciones de paz entre el gobierno de Pastrana (1998-2002) en el Caguán, al sur del país, y fueron militarmente despejados 42 mil kilómetros para realizar la mesa de diálogo. Por otro, el gobierno firmó el Plan Colombia, un acuerdo de colaboración militar estratégica con los Estados Unidos en la lucha contra las drogas y contra-insurgente. A pesar de esta doble estrategia de diálogo político, el rearme se da por parte de los dos actores, que no lograron construir un espacio de diálogo suficientemente transparente.

El gobierno de Pastrana acusaba a las FARC de seguir delinquiendo dentro de las fronteras de la zona de distensión, mientras la guerrilla acusaba al gobierno de no hacer nada ante la expansión paramilitar que llegaba a los límites del territorio despejado. La agenda de estas mesas de diálogos resultaron extensas, las reglas de discusión no fueron claras y en tres años de negociación no hubo resultados palpables. El 20 de Febrero del 2002, en medio de una campaña presidencial polarizada, el presidente Pastrana da por terminado el proceso de diálogo de manera unilateral.

La salida negociada del conflicto queda mucho más lejana con la llegada a la presidencia de Álvaro Uribe (2002-2010), político con conexiones al narcotráfico y el paramilitarismo que en sus años de gobernador de Antioquia legalizó las denominadas ‘Convivir’, ejércitos privados que se transformaron en grupos paramilitares. En medio de los diálogos del Caguán, que desgastaron la solución política al conflicto armado, Uribe prometió derrotar militarmente a las FARC en dos años, aplicó la política de Seguridad Democrática y consolidó un estado comunitario, monopolizando el poder del este en el ejecutivo, con los suficiente fondos para hacer del ejército colombiano en el más grande de América Latina (gracias a los recursos estadunidenses del Plan Colombia), el recorte de las libertades democráticas y la corrupción se agudizaron. Uno de los ejemplos de la máquina de violencia en la que se convirtió el estado en este periodo fueron los falsos positivos, miles de muertos que se presentaban como caídos en combate y guerrilleros pero que realmente eran civiles asesinados a mansalva para ganar beneficios y puntos en las carreras militares.

En el 2010, al final de su mandato, Uribe, con ayuda estadounidense, había golpeado duramente a la guerrilla pero no la había derrotado; había llevado a cabo acercamientos secretos en su momento (ya extensamente documentados) con las FARC para explorar una mesa de diálogo, pero que se rompieron definitivamente justo antes de terminar su mandato. Con su sucesor, el ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos, que tenía entre sus logros el bombardeo y la baja de los principales líderes del Secretariado, se creía que los acercamientos con la guerrilla continuarían truncos, más cuando él mismo dirigió la operación en la que Alfonso Cano, número uno del Secretariado de las FARC, cayó tras una persecución de meses en las montañas del Cauca en el 2011.

Todo el país se sorprendió cuando, en noviembre de 2012, una comitiva del gobierno colombiano anunció en Oslo el inicio de diálogos de paz con las FARC que venían cocinándose desde febrero de ese año en La Habana, y desde el 2011 en la frontera con Venezuela. 

«El Acuerdo final lo firmaremos en Colombia»: Santos

Los principales líderes del Secretariado y el equipo negociador del gobierno de Santos comenzaron a trabajar en La Habana hace más de 4 años. Enrique Santos, hermano del presidente y contacto central de la primera fase exploratoria, escribió sus primeras impresiones: «El moderado pesimismo es recomendable, aunque en este caso siento -y creo que ellos también- que estamos ante un proceso que ya se diferencia nítidamente de todos los anteriores. No solo por sus cuidadosos preparativos, o por el pacto de confidencialidad que hemos guardado, sino por la misma reunión inaugural de hoy…cierto instinto me dice que esto puede salir bien».

En los primeros meses, la mesa de trabajo construyó una agenda de seis puntos: política de desarrollo agrario integral, participación política, fin del conflicto, solución al problema de las drogas ilícitas, víctimas e implementación, verificación y refrendación. Hasta ahora se han realizado 37 rondas, 76 comunicados y 20 acuerdos temáticos y operacionales.

Esta fase exploratoria duró desde el 23 de febrero hasta el 26 de agosto del 2012 y también acotó temas y procedimientos de negociación, asimismo se delimitaron los participantes y los subcomités que iban a participar. Estos consistieron, por ejemplo, en que cada delegación estuviera conformada por 10 integrantes de los cuales 5 eran plenipotenciarios con voto y voz. Del lado del gobierno hacen parte entre otros Humberto de la Calle, ex vicepresidente del país con experiencia en las negociaciones de 1991; Sergio Jaramillo, que trabajó en la política de seguridad y defensa del gobierno de Uribe, y ex comandantes del Ejército y la Policía como los Generales retirados Jorge Enrique Mora y Óscar Naranjo. Del lado de las FARC están Iván Márquez, sobreviviente de la Unión Patriótica, y Timoleón Jiménez, entre otros.

A su vez, Cuba y Noruega fueron declarados países garantes, y Chile y Venezuela países acompañantes. Se estableció la subcomisión de género que ha trabajado paralelamente a la mesa principal para incluir estos temas en los acuerdos generales. Estos acuerdos se han nutrido de 28 mil aportes hechos por los ciudadanos en diversos foros nacionales y 24 mil aportes hechos en foros territoriales, compuestos no solo por ideas para aplicar, sino también por proyectos realizados, tesis de investigación y hasta poemas que los colombianos han enviado.

Hasta ahora han sido desarrollados cuatro de los seis puntos, aunque todavía hay que afinar elementos de los diferentes acuerdos y cerrar el tema de implementación, pues un principio básico de estas negociaciones es que «nada está acordado hasta que todo esté acordado». La siguiente fase es la implementación y durará 10 años.

Los hechos de paz han sido definitivos para mostrarle al país las ventajas de este escenario; las FARC decretaron cese unilateral al fuego lo que redujo significativamente las tasas de violencia y que ha significado la menor intensidad del conflicto en su historia, al caer las acciones ofensivas de las FARC en un 98 por ciento, los combates en un 91 por ciento y las muertes de civiles y combatientes en un 98 por ciento y 94 por ciento, respectivamente. A pesar del escepticismo en las áreas urbanas, los pobladores rurales han sentido el cambio.

El acuerdo del punto de fin de conflicto, firmado el 23 de junio, refiere a los procedimientos para romper de una vez por todas la relación entre las armas y la política, desactivar el aparato de la guerra (tanto para la guerrilla como para el estado) y establecer garantías para la no repetición. Se definieron los términos (cese al fuego, hostilidades, dejación de armas), los protocolos, los cronogramas y los procesos para la denominada ‘normalización’ de la vida guerrillera a la vida civil. 

En este acuerdo se establecieron 23 zonas generales transitorias veredales y 8 campamentos satélites que funcionarán por 6 meses donde estarán ubicados los guerrilleros sin armas ni uniformes y a donde solo podrán entrar los equipos de verificación de la ONU. Desde el día siguiente del Acuerdo Final, se estableció un cese al fuego bilateral, y se hará un proceso de desarme en tres fases, fijadas a un plazo de 6 meses. Para la seguridad de los guerrilleros y de los movimientos populares, el estado se compromete a definir un plan de ataque a organizaciones paramilitares.  Si todo sale bien, se va a lograr destruir el eslabón que une a la política y a las armas en el país, pero todo dependerá de lo que ocurra después del acuerdo originario, ¿cuáles son los retos?

Paz no es fin del conflicto, es el silencio de los fusiles

Andrés Oppenheimer habla de una ‘paz sobrevendida’, ‘sobredimensionada’. Quienes se oponen a las negociaciones con las FARC  adoptan este argumento e insisten en que los acuerdos no significan la paz, como si esto ya no fuera por si mismo obvio. En todos los espacios políticos se ha insistido en que el gran reto es precisamente construir la paz a partir de estos acuerdos, como lo dijo Sergio Jaramillo «en La Habana queremos terminar el conflicto pero la paz se construye (…) entre todos en las regiones».

Pero esto no es fácil de lograr y requiere una serie de profundas transformaciones que en los acuerdos aún no están presentes; ninguno de los acuerdos firmados, según señalan expertos como Luis Jorge Garay, son revolucionarios y todavía quedan vacíos que deben ser discutidos. Un ejemplo son las Zonas de Reserva Campesina, espacios legales de desarrollo campesino que hacen parte de la Constitución pero que han sido fuertemente saboteados por la gran propiedad. En este sentido, las FARC renunciaron a buscar acuerdos que permitieran transformaciones estructurales y le apuestan a una transición política que les permita en el ejercicio legal propiciar estos cambios.

Quedan ahora varias cosas pendientes. Un tema clave es la refrendación, es decir, la construcción de un mecanismo por el cual estos acuerdos queden legitimados por la sociedad y por la ley. Las FARC han hablado de una constituyente pero no ha sido bien acogida por diferentes sectores; otros hablan de una consulta y de un plebiscito por la paz. En este punto, todos los actores concuerdan en la necesidad de un mecanismo de refrendación y esperan lo que la Corte Constitucional sancione al respecto. La guerrilla ya anunció que independientemente de los resultados del mecanismo de refrendación, su apuesta es a desmovilizarse y seguir el camino de la política sin armas.

Otro tema central es el del paramilitarismo. La oposición a la negociación de paz liderada por el expresidente Álvaro Uribe, cada vez más aislado, va desde las propuestas como la de la ‘resistencia civil’, hasta el peligro de un rearme de grupos que activen una campaña de asesinatos sobre los desmovilizados y movimientos de izquierda, como ya ocurrió con la Unión Patriótica en la década del ochenta. Esto impediría una transición pacífica a la legalidad de la guerrilla, por lo tanto, nos hundiría en otras décadas más de odio y violencia. Para evitarlo, le compete al estado colombiano asegurar que se rompan todas sus conexiones con el paramilitarismo.

Tampoco se puede dejar de lado el asunto de la economía de la cocaína. La guerrilla ejerce la autoridad sobre territorios cocaleros dadas sus raíces campesinas y a que ha comprendido cómo funcionan los procesos colonizadores en el país. El control de estos territorios ha impedido que las redes narcotraficantes exploten a los campesinos como ocurre en las áreas de control paramilitar.

La estrategia de sustitución de cultivos será a través del fortalecimiento de la economía agrícola, pero eso depende de que el gobierno mejore la situación de los campesinos en zonas donde no hay acceso a ningún servicio del estado y que se cumplan los acuerdos de apoyo al campo. Si esto no ocurre y sin el control de acceso de compradores de las FARC, nos encontraríamos ante la irrupción de nuevos actores, por ejemplo los carteles mexicanos o bandas criminales emergentes, en territorio colombiano controlando la producción de pasta base desde los mismos cultivos. Esto podría ser un factor desestabilizador que afecte la desmovilización completa de algunos frentes de las FARC, específicamente los que se han involucrado con el narcotráfico.

El escenario de desmovilización de las FARC ha hecho que ciertos territorios del país, antes no alcanzados por la inversión extranjera, se vuelvan atractivos. Por ejemplo, la Amazonia es un espacio geoestratégico para el planeta: reservorios incalculables de agua, biodiversidad, tierras, minería y petróleo. Ya han empezado a llegar las petroleras y los conflictos socio-ambientales con los pobladores rurales de estas regiones no se han hecho esperar; el departamento del Caquetá (región histórica de presencia de las FARC) ha sido dividido en su totalidad en 43 bloques petroleros que afectarían radicalmente las cuencas hídricas de toda la región amazónica. Este doble juego político del gobierno de Santos (el de unos acuerdos de apertura social pero a la vez la llamada ‘locomotora minero-energética’) pone a todo el país en alerta sobre qué va a pasar en el futuro y la necesidad de que los dos actores (la guerrilla y el estado) cumplan sus acuerdos garantizando los derechos sociales, políticos y económicos de todos los colombianos.

Las víctimas tienen la palabra: 6.7 millones de desplazados (principalmente campesinos) en un país con 45 millones de habitantes; al menos 2 mil masacres perpetradas por todos los actores, 2 mil 500 ejecuciones extrajudiciales, 10 mil víctimas de torturas, 13 mil víctimas de violencia sexual y 30 mil secuestrados. Se calculan que nuestro país tiene 7.9 millones de víctimas en total. Uno de los momentos más fuertes de estas negociaciones ha sido la visita de las comisiones de víctimas a La Habana. Las imágenes del encuentro frente a frente de víctimas de todos los actores con la guerrilla y declaraciones como la de Constanza Turbay, cuya familia fue asesinada por las FARC: «si nosotros, los que hemos sido afectados por la violencia, damos un paso determinante (…) ¿por qué no hacerlo el resto del país?, ¿por qué no ha de perdonar el resto de Colombia?».

Los conflictos no se van a acabar, sin embargo  el objetivo y el reto mayor es el silencio de los fusiles. Para el gobierno colombiano, los grupos paramilitares y guerrilleros, para la clase política y los movimientos populares, la apuesta es por destruir de una vez por todas la conexión entre las armas y la política. Tanto para la guerrilla, que deberá buscar una nueva forma de relacionarse con sus bases sociales en los territorios a los que ha pertenecido históricamente, como para el estado colombiano, que tendrá que reconfigurar la manera en que comprende a las poblaciones y regiones que considera ‘márgenes’.