Estado mexicano tiene la obligación de garantizar y distribuir agua: ombudsman de Querétaro
En la actualidad, no están dadas las condiciones para que el suministro de agua sea equitativo, consideró Miguel Nava Alvarado
Miguel Nava Alvarado, presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos en Querétaro (DDHQ), insistió en que la obligación del Estado mexicano es garantizar el abasto y distribución de agua para toda la población sin discriminación alguna, como un derecho humano.
En entrevista, precisó que en caso de que el suministro de agua fuera considerado un derecho humano, no podría ser restringido o condicionado a las personas que no pueden pagarla, pues es ahí donde el estado tendría que intervenir para cubrir la cuota de quienes menos tienen.
El ombudsman queretano refirió que es importante valorar la distribución y administración del agua, pues todos tendrían que disponer de este líquido en forma suficiente, salubre, equitativa y potable, siendo que hasta ahora eso no es posible por la utilización de macromedidores.
“No es un derecho aislado, tiene que ver con otros derechos humanos como el medio ambiente que está ahí, que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con la alimentación y todo en torno a la ley, es una tarea muy importante la que tienen nuestros legisladores federales a efecto de darle viabilidad a este derecho humano, lo que es el agua potable y su saneamiento, de tal forma que el estado pueda garantizar en caso de restringirse, vulnerarse, podérsele exigir al Estado mexicano que cumpla con su mandato legal“, sostuvo.
Nava Alvarado señaló que en la actualidad no están dadas las condiciones para que el suministro de agua sea equitativo en la entidad, pues aún hay varios condominios en la zona metropolitana que no tienen medidor individual, además que se tiene conocimiento de que existen operadores de agua independientes.
Este último punto, es precisamente lo que propició que la Ley General de Aguas se haya diferido en la Cámara de Diputados, pues su contenido plantea que el uso, disposición y aprovechamiento de los recursos hídricos del país se trasladen a particulares.
Y es que de aprobarse la iniciativa que impulsa el Ejecutivo federal tal como se encuentra en este momento, podría propiciar el acaparamiento del agua por parte de los grandes consorcios y haría aún más inequitativo su suministro, pues el estado se desentendería del tema y el acceso al agua estaría lejos de ser un derecho humano.