Al menos mil niños queretanos han sido deportados por Estados Unidos
Un promedio de 224 anualmente según datos de Migración
Recientemente el gobierno de México presentó al Congreso de la Unión la iniciativa preferente para la discusión y posible aprobación de la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, así como la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil impulsada por el Presidente Enrique Peña Nieto.
En los días recientes, el debate se ha agudizado entorno a la situación de miles de menores que buscan adentrarse en territorio norteamericano ya sea para superar los problemas y riesgos de su lugar de origen, o mejorar su calidad y expectativas de vida; o fundamentalmente encontrarse con sus padres o familiares que ya se encuentran radicando en los Estados Unidos.
La cifra de menores que han sido repatriados por la autoridad norteamericana alcanza los 78 mil menores, siendo Tamaulipas, Oaxaca, Guerrero, Guanajuato, Estado de México, Michoacán y Puebla las principales entidades expulsoras de menores de acuerdo a cifras sobre eventos de repatriación elaboradas por el Instituto Nacional de Migración (INM).
De acuerdo con estudios elaborados por Pew Hispanic Center el flujo migratorio de mexicanos hacia los Estados Unidos presenta una disminución derivada principalmente al encarecimiento del costo de pago a los “coyotes” que en promedio cobran cinco mil dólares por persona; el cambio climático y el incremento de violencia en las ciudades fronterizas con Estados Unidos son otros factores de disminución; la aplicación de políticas migratorias más estrictas así como los indicadores de la economía mexicana inhiben también la migración de mexicanos al país del norte.
Durante el presente año Estados Unidos ha repatriado a México 103 menores queretanos, los cuales 3 de ellos son menores de 11 años, 2 de ellos viajaron acompañados pero uno viajo sin acompañante. Por otra parte los 100 menores que este año han sido deportados por la autoridad norteamericana tienen entre 12 y 17 años de edad, 8 de cada 10 viajaron solos y solo 20 de ellos lo hizo acompañado de un adulto.
En el periodo que comprende 2010 y 2013 –es decir, en el Gobierno de José Calzada Rovirosa- se han repatriado al país por alguno de los puntos fronterizos a 897 menores, de los cuales 46 de ellos fueron menores de 11 años y entre ellos 9 viajaron solos a la Unión Americana.
La entidad se encuentra por encima de Nuevo León, Tabasco, Colima, Tlaxcala, Baja California Sur, Aguascalientes, Durango entre otras, al ubicarse como la entidad número 22 en la expulsión de menores, dato contrastante con los discursos a favor de la educación y la niñez pero débil en el tema de atención a menores.
A lo largo de los años el promedio de menores queretanos que han sido deportados por parte del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica anualmente alcanza los 224 menores, esta cifra refleja solo aquellos que han sido identificados por la autoridad fronteriza de acuerdo a informes oficiales del gobierno norteamericano; un importante número de menores que son repatriados fueron atendidos en condiciones de eminente riesgo.
Sin embargo, más allá de las amenazas que representa el desierto o las corrientes del río Bravo quizá el principal riesgo no se corre en territorio norteamericano sino en nuestro propio país, debido a lo que tienen que enfrentar los menores y sus familias para emprender su intento por cruzar la frontera pero mucho más allá al momento de regresar. Una vez que la autoridad norteamericana termina el proceso de deportación, lleva a cabo la entrega en alguno de los puntos fronterizos en donde quizá comienza el verdadero calvario de esos miles de menores de edad que viven esa circunstancia.
Ante las ausencias y lagunas legales, pero sobre todo la incapacidad, la indolencia e indiferencia de muchos funcionarios para preferir ser omisos que asumir su responsabilidad para generar las condiciones necesarias para prevenir un fenómeno con un riesgo tan alto como es la migración infantil, no queda más que señalarlo.
¿Cuáles serán las acciones que deberán asumir los gobiernos locales ante este fenómeno?
Tal vez la iniciativa preferente propuesta por el Ejecutivo Federal nos oriente, ya que en ella se establece que “La representación coadyuvante que será la representación y acompañamiento jurídico de niñas, niños y adolescentes en todos los procedimientos jurisdiccionales y administrativos, que de manera oficiosa quedará a cargo de las Procuradurías de Protección, aun cuando gocen de representación originaria, sin perjuicio de la intervención que corresponda al Ministerio Público…”
Por lo pronto la incertidumbre en la que miles de niños mexicanos se encuentran, sigue vigente mientras la ley inicia su proceso legislativo.