Ley de Procedimientos Penales es aprobada en pleno por la LVII Legislatura

A partir de este jueves, Querétaro cuenta con las nuevas reglas, normas y procesos a seguir en materia de justicia penal para el nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial, mejor conocido como juicios orales. 

La Legislatura estatal aprobó la nueva Ley de Procedimientos Penales que sustituirá, de manera paulatina, el actual Código de Procedimientos Penales, toda vez que este complementa la implementación del nuevo sistema penal.

“Con gran satisfacción podemos llegar hasta esta fecha manifestando que cumplimos con la encomienda, que lo hicimos a tiempo y lo hicimos bien, colocandonos en el desafio que reclama redactar un texto inédito y de suma complejidad técnica como el que hoy nos reúne esta deliberación. A partir de hoy, 25 de julio, faltan solamente dos años, 10 meses y 19 días para que entre en vigor en todo México el nuevo sistema de Justicia Penal Acusatorio”, expuso.

La nueva Ley de Procedimientos Penales entrará en vigor en marzo del 2014, cuando los tribunales de municipios como San Juan del Río, Tequisquiapan y los municipios sureños del estado tengan que hacer el cambio a los juicios orales. Después, en septiembre del mismo año le tocará al semidesierto y la zona serrana, y por último, en marzo de 2015, en la zona metropolitana del estado.

“La ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley Orgánica de la institución que dotada o no de autonomía constitucional, deba tener a su cargo el Ministerio Público, la Ley que organice instituciones y servicios tan importantes como la defensoría pública y la asistencia de las víctimas. Los servicios periciales y la policía procesal, la ley de Ejecución de sanciones y medidas de seguridad, la Ley de Medios Alternativos de Solución de Conflictos, y muchas otras”, son algunas de las leyes que tendrán que ser reformadas de cara a marzo de 2014″, precisó el diputado.

A pesar de esto, en los próximos días la LVII Legislatura local recibirá la minuta federal para que el estado acepte o no la reforma constitucional que impondría un Código de Procedimientos Penales único para todo el país, la cual podría cambiar los planes referentes a la ley hoy aprobada.