PRI sale al quite en defensa de Calzada

El presidente del Partido Acción Nacional, Gustavo Enrique Madero Muñoz, confunde conceptos, “una cosa es la difusión y propaganda política en una campaña electoral, como son los elementos publicitarios; otra la promoción de programas gubernamentales activos y otra muy distinta informar de proyectos viables para el estado”, advirtió el presidente del PRI en Querétaro, Braulio Guerra Urbiola.

Esto, luego de que el pasado viernes el PAN interpuso una queja ante el IFE, en contra del PRI y del mandatario queretano “por la difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido”. En referencia, al anuncio de la construcción de un tren rápido que conectará a la ciudad de México con Querétaro.

“El PAN se equivoca al querer distraer y dividir a la opinión pública atacando al gobernador (…) El ejecutivo está obligado a informar a la ciudadanía y eso fue lo que hizo el gobernador Calzada cuando comunicó el proyecto del tren ligero; al contrario de la opinión del señor Madero, que es su desesperanza ya no distingue el negro del blanco, Calzada no ha incurrido en nada fuera de lo que la ley mandata”, acotó.

Y es que en la queja presentada por el PAN se señala que “La difusión reiterada y sistemática de la misma contiene presuntos logros del gobierno; esto es violatorio de los principios de imparcialidad en el uso de recursos públicos, legalidad y equidad en la contienda”.

Ante ello, Guerra Urbiola aseveró que el estado no se puede paralizar, y hay datos que son indispensables hacer del dominio público, “y esta información en ningún momento se constituye o entiende como propaganda política”.

¿Y que dice el IFE?

El Acuerdo del Consejo General del IFE, en el que se emiten las normas reglamentarias sobre la propaganda gubernamental, para el proceso electoral, señala la prohibición de difundirse propaganda gubernamental durante el periodo de campañas y hasta el día en que se celebre la jornada comicial del Proceso Electoral Federal, esto es, del treinta de marzo al uno de julio de dos mil doce, en la totalidad de emisoras de radio y televisión que operan en el país.

Las únicas excepciones serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.