¿Violencia política de género?

Aunque se negó a presentar una denuncia contra sus compañeros de bancada, la diputada morenista Fabiola Larrondo, señaló que estos incurrieron en violencia política de género debido a las actitudes que han mostrado hacia su persona en diversas ocasiones, sobre todo tras su iniciativa para modificar la ley de la Universidad Autónoma de Querétaro y permitir a mayores de 60 años el acceso a la rectoría.

Sin embargo, existen dudas sobre si la legisladora tiene motivos para aducir que sufrió violencia de este tipo. Por un lado, es evidente que no todo cuestionamiento a una mujer, sobre todo cuando es servidora pública, implica necesariamente violencia política en razón de género, pero por otra parte y esto es algo que Larrondo enfatizó, también es un hecho que el sexismo de la sociedad aplica un doble rasero para las mujeres en la vida pública.

El problema aquí es que, aún con estas consideraciones, resulta más que evidente que Larrondo intentó legislar de acuerdo con sus intereses, lo cual en cualquier partido implica sanciones.

Por otra parte, existe un riesgo real de que se banalice el concepto mismo de “violencia política de género“, al grado de que al final, las verdaderas denuncias pierdan credibilidad mientras algunas  servidoras públicas alegan ser víctimas de violencia política incluso sin presentar una denuncia institucional y como recurso para desviar la atención.

Un ejemplo contundente de ésto lo encarna la diputada Elsa Méndez, cuya denuncia en este sentido fue desestimada hace poco por el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro. De acuerdo con la diputada independiente, los cuestionamientos hacia sus prácticas discriminatorias constituían violencia política en razón de género, algo que el tribunal terminó por desestimar.

Legislar contra males como la violencia política de género es fundamental y necesario en una sociedad sexista como la nuestra. Sin embargo, hay que tener cuidado con banalizar conceptos pues esto, al final, abonaría para que los sectores más reaccionarios echen atrás leyes que resultan indispensables, haciendo imposible, ahora sí, romper con las desigualdades estructurales que históricamente han mantenido a las mujeres lejos de la vida pública.